La discriminación del hispanoparlante: andaluces sin futuro profesional por no dominar el catalán

Lo que quizá no esperaban es que al entrar en juego el requerimiento idiomático del catalán, el efecto del texto sería precisamente el contrario.

En los últimos meses la sociedad ha sido testigo de sucesivos despidos en organismos oficiales de Barcelona, casos en los que la experiencia demostrada durante décadas -y ningún problema o queja referidos sobre su servicio- no ha sido suficiente porque los reconvertidos en candidatos no manejaban una certificación del conocimiento de la lengua cooficial o bien no superaron pruebas exigentes.

No es una valoración personal, es todo lo que puede presuponerse de un examen de un B2 o un C1 en un idioma. Ese es el que han requerido, según el caso, a cocineros, taxistas o profesores de clarinete que trabajaban en la capital de Cataluña.

Casi un año hace de la publicación de aquel vídeo viral en el que la enfermera Begoña Suárez se sorprendía —no con las palabras más políticamente correctas— de que para poder lograr una plaza pública en el Servicio Catalán de Salud hubiera que acreditar un C1. El periplo de la gaditana por Cataluña no terminó de manera precisamente agradable, a tenor del interrogatorio al que fue sometida por un comisario político tutelado por la Consejería de Salud.

Aunque la historia no se ha repetido, sí lo ha hecho el trasfondo de la exigencia del catalán en un proceso de oposición. Esta vez en Baleares.

Según se puede ver en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (Boib), la convocatoria inicial planteaba el conocimiento del catalán como un mérito que sumaba desde 0,4 puntos (A2) hasta 3,2 (C1), con un 0,8 extra por lenguaje administrativo. Pocos meses después las reglas cambiaron y el idioma pasó a ser requisito. Algunos de sus aspirantes quedarán fuera por no tener el B2, pese a haber logrado las mejores calificaciones de toda la tabla. La moratoria, que existe, tiene muchos matices.

Ante este panorama, asociaciones como Hablamos Español se han alzado para reclamar los derechos de los hispanoablantes.