Campaña del Gobierno de Sánchez contra el plan de la Junta de Andalucía en Doñana

El proyecto de ley, defienden sin embargo desde el Gobierno andaluz, es una forma de «ordenar» el caos que hay en las explotaciones agrícolas del entorno del parque natural. Caos, recordó ayer el PP, que se arrastra desde 2014 cuando el PSOE, que entonces estaba al frente de la Junta, puso en marcha un plan que dejó fuera de la legalidad a los agricultores a los que la norma que se debatió ayer pretende regularizar.

La proposición de ley, recordó ayer el popular Manuel Andrés González, es una forma de «blindar» el acuífero de Doñana, muy dañado por la sequía que sufre Andalucía. El grupo parlamentario defiende que en el articulado de la norma se deja negro sobre blanco que cualquier agua que se puedan usar para regar las explotaciones que se quieren regularizar con esta iniciativa será siempre de superficie. Llegará -si llega, salvedad que también repite el Gobierno andaluz consciente de la falta de precipitaciones- de trasvases, nunca del subsuelo del parque natural.

La norma regulará, cuando se apruebe, explotaciones agrícolas en cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva.

Así, la proposición de ley invoca la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para «equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana».

La oposición en bloque rechazó ayer que la norma se tramite en el Parlamento. El agua del citado trasvase, indicaron desde la izquierda, ya está asignada. «El PP quiere repartir el mismo agua dos veces», acusó el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas. En la misma línea se pronunció el socialista Mario Jiménez, muy duro en su ataque a la ley. Y Coincidieron la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto y la de Adelante Andalucía, Maribel Mora.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía culparon a Juanma Moreno y su gestión de la situación del problema hídrico que sufren los agricultores de la Corona de Doñana. Sin embargo, defendieron desde el PP, la proposición de ley viene a solucionar una situación que se remonta a 2014.

Entonces, cabe recordar, se establecieron los terrenos junto al parque de Doñana que podían ser de regadío. Sin embargo, el proceso dejó fuera a agricultores que llevan casi una década denunciando ese proceso que se llevó a cabo con el PSOE al frente de la Junta. En este tiempo se ha pronunciado sobre la situación de los cultivos y de la falta de agua en la zona tanto la Unión Europea -descontenta con la gestión de los regadíos-; el Gobierno central -que ayer cargó duramente contra Juanma Moreno-; o el Comité de Participación de Doñana, que dirige Miguel Delibes.

El Gobierno andaluz sostiene que hay que dar solución a la situación que se les ha generado a los agricultores a quienes en 2014 se les negó regar. La oposición acusa a la Junta de buscar el voto de quienes habitan en las zonas afectadas por la norma. De fondo, las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y el miedo de muchos alcaldes de una zona que tiene en la agricultura y el fruto rojo su motor económico.

Tanto el PP como el Gobierno andaluz han negado el interés electoral de esta iniciativa. De hecho, desde el Ejecutivo de Juanma Moreno se ha explicado que la norma no estará lista antes del verano, de modo que no influiría en los comicios locales de mayo. No están de acuerdo en el PSOE y Por Andalucía, quienes ayer acusaron a Juanma Moreno de «mentir» y «vender Doñana por un puñado de votos», según indicó la líder de Por Andalucía, Inma Nieto.

El PSOE tiene una posición más complicada. Cuando el año pasado se presentó esta misma norma en el Parlamento, se abstuvo. Tiene en la zona afectada varios ayuntamientos y temió enfrentarse a sus alcaldes y ponerse en contra a los votantes justo antes de las elecciones autonómicas del pasado mes de junio. Ahora, sin embargo, se opone siguiendo la estela de las críticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Y acusa a Moreno de buscar ganar votos con la ley.

Más duro aún que la oposición andaluza fue ayer el Gobierno central. Primero la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, acusó al presidente de la Junta, Juanma Moreno de «acosador», «señorito» y de «esquilmar» Doñana con la norma de regulación de los regadíos. Más tarde desde la Moncloa se advirtió de que recurrirán al Tribunal Constitucional por invasión de competencias con la proposición de ley.

«El Gobierno protegerá Doñana y hará todo lo que se tenga que hacer para salvar el humedal más emblemático de Europa. Si la ley sale adelante, el Gobierno presentará un recurso ante el Constitucional», advirtió el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, «se estudiarán todas las vías para frenar esta norma», añadieron.

Para el Gobierno central la norma que ayer pasó su primera votación provocará que «España tenga que pagar multas millonarias coercitivas cada tres meses, cuando nos condene el Tribunal de la Unión Europea», algo que pagarán «todos los españoles».

El Ejecutivo de Sánchez agitó asimismo el miedo a que Europa congele el envío de fondos europeos en represalia por la tramitación de la norma. «La propuesta del PP y Vox ignora la realidad, es una falsa promesa. No hay agua para legalizar 1.500 hectáreas de regadíos ilegales», añadieron.

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Además, el Gobierno central señaló que «Doñana está sobreexplotada» y que el 60 por ciento de las grandes lagunas del parque no se inundan desde 2013. «La reserva hídrica del Guadalquivir está en el 25,6 por ciento, la más baja de España», añadieron.