Así cambian las oposiciones a funcionario de la Junta de Andalucía: serán más cortas y habrá un solo día de examen

La Consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local confía en aprobarlo en el segundo trimestre de 2024, una vez que concluya la fase de exposición y consulta pública. Su meta es empezar aplicarlo de manera gradual a las oposiciones que se convoquen y resuelvan a partir del próximo año en las pruebas de acceso. Las primeras modificaciones se tantearán en el proceso selectivo de los cuerpos superiores de funcionarios (grupos A1 y A2) que se realizará en la segunda mitad de 2024. En lo sucesivo, el cambio normativo llegará al resto de efectivos.

Prepararse para una oposición suele ser una carrera de obstáculos. El objetivo es que ese recorrido sea más corto y también menos farragoso.

¿Cómo serán las nuevas pruebas de acceso y promoción en la Administración? El Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta 2023-2030 ofrece algunas pistas. El documento de 76 páginas, consultado por ABC, prevé reducir el número de ejercicios unificando, cuando sea posible, su realización en un solo día.

En los procesos por concurso-oposición se simplifica el baremo para evaluar a los aspirantes «disminuyendo el número de méritos a valorar» e incorporando robots o sistemas de Inteligencia Artificial (IA) para agilizar este trámite burocrático. Los cambios afectarán también a los tribunales examinadores, cuya formación y especialización se pretende aumentar.

A los aspirantes no les bastará con superar la criba de los exámenes para asegurarse un puesto de por vida. «Se va a implantar un curso de selección eliminatorio» para determinados cuerpos superiores de personal funcionario, «priorizando la evaluación por competencias (trabajo en equipo, iniciativa o proactividad) y para los inferiores un curso de acompañamiento o mentoreo (asesoramiento)», según detalla el plan y como adelantó ABC.

La Consejería de Función Pública que dirige José Antonio Nieto ha diseñado una estrategia para abordar el desafío de dotarse de personal adecuado para atender las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI. Este proceso se inició con la aprobación de la Ley de Función Pública andaluza el pasado mes de mayo, marco normativo que entrará en vigor en su integridad el próximo 14 de diciembre, a excepción del nuevo modelo de acceso al empleo público que ya cuenta con un reglamento consensuado con los sindicatos.

Reducir el tiempo es capital. El periodo promedio que se tarda desde la convocatoria de una plaza hasta la toma de posesión de la misma está por encima de los dos años en la Junta, una espera que se hace insoportable para los candidatos que, a los meses y años de estudio tienen que sumar la incertidumbre sobre su futuro laboral o el agotamiento de sus ahorros.

La Administración es consciente de que la resolución de los procesos selectivos de acceso libre derivados de las ofertas de empleo público es un talón de Aquiles. «Se dilatan en el tiempo de forma excesiva», como reconoce el plan estratégico aprobado el 24 de octubre en el Consejo de Gobierno andaluz. Agilizar los procesos de selección y promoción es uno de los objetivos recogidos en el informe. «Desde que surge la necesidad hasta que el aspirante se incorpora al puesto para atender las necesidades del ciudadano no se puede tardar tanto tiempo», reflexiona Arturo Domínguez, secretario general para la Administración Pública de la Junta de Andalucía.

La oposición, la vía habitual de acceso a la Función Pública, se ha convertido en una técnica obsoleta para comprobar la capacidad real y los conocimientos de los aspirantes, sobre todo si se quiere reclutar a personas con alta cualificación y otras habilidades sociales y digitales. «Tenemos que ser capaces de seleccionar de forma más ágil a las personas con las competencias adecuadas para prestar servicios que requiere el ciudadano ahora y en el futuro. No se trata sólo de incorporar a los más preparados sino también a aquellos que puedan tener un desempeño óptimo y que se adapten mejor a los cambios que demanda una sociedad más volátil», subraya el responsable autonómico.

Se buscan nuevos perfiles para renovar a los efectivos que entraron en la Junta cuando la autonomía andaluza empezaba a dar sus primeros pasos, en los años ochenta y noventa. Se les van a requerir «unas habilidades que no son las que se pedían en los procesos selectivos de hace veinte años», puntualiza Arturo Domínguez.

La Junta de Andalucía va a revisar los enciclopédicos temarios de las oposiciones, la yincana extenuante de ejercicios y la exposición memorística de los conocimientos, que nada tiene que ver con el método de enseñanza universitario implantado de la mano del Plan Bolonia. «El primer paso es eliminar todo lo que las tecnologías permitan suprimir. No queremos pedir ninguna documentación que la Administración pueda obtener por sus propios medios, salvo que la persona se oponga a ello», explica el secretario general para la Administración Pública.

El segundo elemento plasmado en el borrador del decreto es la simplificación de los temarios y la automatización de los baremos. «No sólo hay que saber sino saber hacer. El aspirante tiene que demostrar que es capaz de usar sus conocimientos para resolver problemas concretos que se le presenten en su trabajo», señala.

La última prueba del proceso selectivo consiste en que el aspirante que haya aprobado los exámenes se someta a un periodo de prácticas que durará un máximo de seis meses en la Administración que va a formarlo y evaluarlo. «La suspensión de la prueba significará que no ha superado el proceso selectivo», aclara Domínguez.