La Cámara de Cuentas recomendó a María Jesús Montero corregir «deficiencias» en el cribado de cáncer de mama y no le hizo caso

Entre las «debilidades detectadas», que cinco años después no habían sido subsanadas, los auditores pusieron de manifiesto que «la información sobre los tumores detectados y los tratamientos realizados no se ajustan a un procedimiento específico». También avisaron de que la información volcada al sistema sobre las pacientes era «escasa y desigual» y que no se podía evaluar «el cumplimiento de los procedimientos y sus plazos» de respuesta a las mujeres que se sometían a las pruebas diagnósticas.

En un segundo informe de seguimiento del Proceso Asistencial Integrado (PAI) del cáncer de mama publicado en diciembre de 2015, la conclusión era que ninguna de las anomalías del programa habían sido enmendadas. «El SAS no ha implantado las recomendaciones propuestas por la Cámara de Cuentas, por lo que el plan sigue adoleciendo de las mismas deficiencias que se pusieron de manifiesto en el informe elaborado en el ejercicio 2010», lamentaba en este segundo análisis consultado por ABC.

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Ni María Jesús Montero, que permaneció como consejera dos años y medio después de publicarse el primer informe (hasta septiembre de 2013), ni su sucesora en el cargo, la socialista María José Sánchez Rubio (2013-2015), corrigieron las deficiencias.

En 2011, se instauró un nuevo protocolo de actuación que eliminaba los tiempos de respuesta en las mamografías que arrojaban resultados dudosos. Es el protocolo que estaba en vigor siete años después de que Juanma Moreno (PP) llegara a la Presidencia de la Junta. Y que ha propiciado que haya retrasos injustificados en la información y citaciones a unas 2.000 pacientes, en su mayoría localizadas en Sevilla, cuyas pruebas arrojaban lesiones sospechosas y que en algunos casos terminaron desarrollando un tumor. El escándalo se ha llevado por delante a la consejera actual de Salud, Rocío Hernández, que ha presentado su dimisión 14 meses después de su nombramiento.

Las debilidades que presentaba el programa de cribado estaban identificadas y se recogieron en dos informes de la Cámara de Cuentas cuyas recomendaciones cayeron en saco roto. Detectó que cada hospital funciona por separado, sin reportar los resultados de las mamografías en una base de datos centralizada. «En cada uno de los hospitales que han sido objeto de análisis, aunque se dispone de la información, no está previsto un circuito normalizado que revierta la información a los niveles superiores (dirección o coordinación del programa de cribado de cáncer de mama en el ámbito sanitario público de Andalucía)», alertaron en 2011. El reproche lo reiteraron en su informe de 2015.

En 2009, cuando se analizó el programa por primera vez, fueron exploradas 235.597 mujeres. Actualmente, se realizan el doble de mamografías: 480.000 al año, a pacientes de entre 48 y 71 años, que son las que más riesgo tienen de sufrir un cáncer de este tipo.

«En los casos de pacientes que proceden del programa de detección precoz, la documentación que vuelve al programa es escasa y desigual según los hospitales, por lo que la información de la tasa de detección e histología de los tumores detectados a partir del programa resulta incompleta», prosigue. El plan establecía sobre el papel una serie de indicadores de calidad para chequear los procedimientos y los plazos de respuesta a las pacientes, pero en la práctica no había manera de comprobar si éstos se estaban cumpliendo. La Cámara también echaba en falta «estudios empíricos» para corroborar si hay una disminución de la mortalidad en un 30%, uno de los objetivos marcados por el programa de detección precoz de este tipo de tumores.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, esgrimió este jueves el citado informe del ejercicio 2009 en la sesión de control del Gobierno en el Pleno del Parlamento andaluz para poner de manifiesto algunas deficiencias sobre el funcionamiento del programa. Desde el PSOE distribuyeron por la tarde un texto con «aclaraciones» en el que destacaban aspectos positivos del mismo documento. Así, indicaban que en todos los centros seleccionados «se ha comprobado el cumplimiento generalizado de los plazos establecidos, y se ha garantizado una respuesta ágil de los servicios sanitarios», entre otras cosas. También da buena cuenta del cumplimiento del protocolo de 2005, con sus plazos y garantías correspondientes, añadieron.

Los plazos de inclusión en el registro de demanda quirúrgica y fechas de intervención se cumplen, en general, en todos los casos analizados, excepto en épocas coincidentes con periodos de vacaciones en los que se pueden producir razonables retrasosAunque los Servicios Centrales del SAS no disponen de información para poder verificar el cumplimiento de los tiempos de garantía en su conjunto, según las pruebas de auditoría realizadas, «en todos los centros seleccionados se ha comprobado el cumplimiento generalizado de los plazos establecidos, y se ha garantizado una respuesta ágil de los servicios sanitarios», precisaba el PSOE en su nota distribuida entre los periodistas.

El informe fiscalizador precisaba que en los centros analizados «los plazos de inclusión en el registro de demanda quirúrgica y fechas de intervención se cumplen, en general, en todos los casos analizados, excepto en épocas coincidentes con periodos de vacaciones en los que se pueden producir razonables retrasos».