«Los ocho de Tarifa» claman justicia dos años después

«Nos disponíamos a comer. Había macarrones con tomate. A mí no me dio tiempo. Ese día fue una locura porque había mucho trabajo y yo estaba pensando en lo que tenía por delante», explica Fran Fernández. Los seis supervivientes han pasado y siguen pasando un calvario. Las secuelas físicas son visibles y estremecen pero las psicológicas están siendo insuperables. Seguramente lo serán para siempre. Para los familiares de las dos fallecidas es aún mucho peor.

Nos encontramos con cinco de ellos en la Casa de la Cultura de Tarifa. Dani no está porque vive en Cáceres. También están en la reunión Juan Ramón Ojeda, padre de Mariluz, y Gema Fernández, presidente y secretaria de la Asociación de Afectados por el Accidente del Transformador 29272 en Tarifa, respectivamente. La constituyeron para afrontar un proceso judicial complicado , costoso y más largo de lo que desearían.

La primera pregunta es obligada. ¿Cómo os encontráis? La mirada del padre de Sara conmueve. Era su única hija y tenía toda la vida por delante: «Esto nunca se supera. Es un duelo permanente. Cada vez que hay que ir al juzgado o hay algún acontecimiento te viene todo encima otra vez . Vuelves a vivirlo todo de nuevo».

Los supervivientes llevan dos años de dolorosas curas, intervenciones, injertos de piel y atención psicológica. «Seguimos mal. Son muchas operaciones, no nos puede dar el sol, tenemos que ir tapados y no podemos hacer vida normal . Cuando las quemaduras son de tercer grado se pierde el sistema linfático, que refrigera la piel. Cualquier actividad que requiera un poco más de esfuerzo nos quema y nos entran ganas de arrancarnos la piel. La recuperación está siendo muy lenta y tenemos que aprender a vivir con esto el resto de nuestras vidas», explica Francisco Morillo, al que todos conocen como Kisco. Este joven tiene quemado el 37% de su cuerpo: los gemelos, los brazos y la zona lumbar . Lleva ocho operaciones y está a la espera de otra para que le amputen un dedo de la mano.

Kisco era cocinero. A las secuelas físicas y psicológicas suma el drama de haber perdido en este siniestro a su única hermana, Mariluz, a la que estaba muy unido. Se enteró de su muerte tras despertar del coma y su vida también corrió un serio peligro : «Lo de mi hermana siempre va a estar ahí, es una pérdida insuperable».

Fran Fernández era camarero y trabajaba en este hotel para pagar sus estudios de Administración de Empresas. Ahora es concejal de su pueblo por Adelante Tarifa. Va ya por la decimoquinta operación y puede que no sea la última . Tiene quemado el 75% de su cuerpo. También estuvo a punto de fallecer y ha sido sometido a injertos de piel cultivada de sus propias células madre porque ya no le quedaba piel para injertarle.

Irene Rodríguez también era camarera y resultó afectada en piernas, espalda y brazos. Estaba embarazada de seis semanas. «Tuve a mi hijo aunque la recuperación ha sido muy dura. Las limitaciones en cuanto a sedación y antibióticos han sido tremendas para no afectar al bebé durante el embarazo». Su entereza y afán de superación durante las doloras curas y el interminable tratamiento permitieron que su hijo naciera sano y salvo . Se emociona al contarlo. Juan Antonio Puerto, Cobito, sigue de rehabilitación y en tratamiento psicológico. Trabajaba como camarero en el hotel para pagarse sus estudios de Magisterio en Educación Física. Ha sido intervenido quirúrgicamente siete veces. Ester sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas y su vida también ha cambiado para siempre.

Todos coinciden en su inmenso agradecimiento a sus vecinos de Tarifa: «No tenemos palabras para agradecer el apoyo del pueblo de Tarifa. Si no es por ellos no habríamos llegado hasta aquí. En el lado opuesto, los reproches, y son muchos. «Endesa y el hotel no se han interesado por nosotros. Ni una llamada para preguntar. Tampoco hemos tenido apoyo de la Junta a pesar de los compromisos que se adquirieron con nosotros en una Proposición No de Ley aprobada por unanimidad en octubre de 2017». En ella, el Gobierno andaluz se comprometía a tenerles informados de todo el proceso de manera puntual, prestarles asesoramiento legal y ayuda y a revisar todos los transformadores de Andalucía en situación similar al que explotó. «Hasta la fecha nadie ha hecho nada», se lamentan .

«Dos años después, ninguno de los heridos ha percibido ningún tipo de contraprestación, pese a lo necesario que resulta atender sus necesidades médicas y rehabilitadoras, situación que se agrava ante el hecho evidente de la imposibilidad de reincorporación a nuestros puestos de trabajo», añaden.

Hasta el final

Han transcurrido dos años a los que, a la complicada recuperación física y psicológica se suma la lentitud del proceso judicial emprendido . Aseguran que llegarán hasta el final «para que se sepa lo que ocurrió y los culpables paguen por lo que han hecho. Han muerto dos personas».

La instrucción de esta causa la lleva el juzgado número 4 de Algeciras. Se quejan de que Endesa y el hotel no están facilitando información para esclarecer lo que ocurrió.

Denuncian que el transformador no se custodió ni se precintó desde el primer momento, por lo que temen que haya podido ser manipulado y los datos de la investigación no resulten fiables.

Su aparente calma se torna en enfado cuando cuentan que la compañía eléctrica mantiene que lo ocurrido fue algo «fortuito y excepcional».

«Eso contradice los informes de la Guardia Civil, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta y la Inspección de Trabajo. El accidente no se habría producido si el depósito de aceite del transformador hubiese contado con el tapón de seguridad precintado ; no habría afectado a las víctimas si la caseta donde estaba alojado hubiera estado construida como marca la legislación; la desgracia no habría acontecido si el transformador no hubiera sufrido continuas sobrecargas de tensión desde 2013», explican.

Endesa ha declinado hacer declaraciones sobre este asunto a este diario «por respeto al proceso judicial». La dirección del hotel nos ha emplazado a contactar el lunes para determinar si hacen declaraciones.