Las narcolanchas del Estrecho de Gibraltar, un enemigo a batir

Siempre han existido pero el auge del narcotráfico en el Campo de Gibraltar hizo que se disparasen todas las alarmas.

Es frecuente ver a los narcos a bordo de estas embarcaciones llegando a la costa, donde esperan los porteadores para alijar la droga y llevarlas hasta las «guarderías» -lugares donde se almacena- hasta su posterior distribución.

Las narcolanchas se han convertido en el mejor arma de los narcotraficantes. Son capaces de cruzar el Estrecho de Gibraltar cargadas de droga en tan sólo 15 minutos y aventajan en 15 ó 20 nudos en velocidad a las embarcaciones de la Guardia Civil. Y es que pueden alcanzar una velocidad de entre 60 y 70 nudos, lo que equivale a entre 120 y 140 kilómetros por hora.

Al ser mucho más rápidas que las empleadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, permiten a los narcos zafarse de la acción policial en numerosas ocasiones.

Se trata de embarcaciones, normalmente semirrígidas, con tres motores Yahama de 350 CV . Miden 12 metros de eslora por 2,5 de manga y suelen lllevar entre 2.500 y 3.000 kilos de hachís.

En su interior sólo tienen un caballete para cuatro tripulantes aunque se han visto narcolanchas cargadas con más personas.

Estas embarcaciones se han convertido por tanto en un instrumento indispensable para las mafias que operan en el Estrecho de Gibraltar , que ahora incluso están transportando a inmigrantes , tal y como se ha conocido esta semana gracias a unos videos en los que se ve a jóvenes marroquíes subiendo a una narcolancha en una playa de Marruecos y llegando luego a la playa de Los Lances de Tarifa (Cádiz).

El anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido , inició los trámites para la prohibición de estas embarcaciones y su sucesor, Fernando Grande-Marlaska, los ha continuado.

Así, el pasado 13 de julio, el Consejo de Ministros dio el visto bueno, tras el oportuno informe del Ministerio de Hacienda, a la tramitación del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando para combatir a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco mediante la declaración como género prohibido, a efectos de la ley, de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las mafias, especialmente en la costa del Campo de Gibraltar.

El objetivo es penalizar «el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad» utilizadas para la introducción, sobre todo de hachís procedente de Marruecos, aunque también de tabaco procedente de Gibraltar.

El Gobierno explica en dicho anteproyecto que resulta muy difícil proceder legalmente contra las narcolanchas si no contienen carga ilícita en el momento de ser interceptadas, por lo que el objetivo es que se tomen en consideración parámetros objetivos, como las características técnicas de la embarcación, su titularidad o la finalidad de su uso, para poder proceder a su incautación, incluso en tierra y sin carga ilícita , e incoar los correspondientes expedientes sancionadores, o bien formular las denuncias por delito de contrabando que resulten pertinentes.

De este modo, las narcolanchas serán consideradas como g énero prohibido y se podrá proceder a su decomiso en cuanto sean detectadas. Además, las actividades relacionadas con las mismas tendrán implicaciones penales o administrativas.

Por tanto, cuando esta normativa entre en vigor, la tenencia de estas embarcaciones, al igual que su fabricación, circulación, importación, exportación, actividad de comercio y rehabilitación, constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros , o bien, si supera esa cantidad, un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados, según se destaca desde la Agencia Tributaria.

Esto afectará a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora , así como a las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios «y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando », agrega el documento.

Eso sí, se establecerá un régimen de excepciones a las narcolancahs adscritas a la defensa nacional, los buques o embarcaciones de Estado extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las embarcaciones del Estado y administraciones territoriales, y las adscritas a organizaciones internacionales reconocidas como tales en España, así como las embarcaciones auxiliares «efectiva y exclusivamente afectas al servicio de una embarcación principal».

También lo estarán las adscritas a labores de salvamento y asistencia marítima, la utilizadas para navegar por lagos ríos y aguas fuera del espacio marítimo español, «las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación, y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización».

El Gobierno, para garantizar el cumplimiento de esta norma, creará el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad, ubicado en el Ministerio de Hacienda, al que podrán acceder otros organismos, y un mecanismo de inspección y control.

La propuesta de cambio normativo establece además un periodo de seis meses desde su aprobación hsta la entrada en vigor para que se regularice la situación de las que pueden ser autorizadas e inscritas en dicho.

Los sindicatos policiales llevan tiempo clamando por la prohibición de las narcolanchas, una medida cuya entrada en vigor se está dilantando en el tiempo y que supondría un duro varapalo para los narcotraficantes, algunos de los cuales comienzan también a traficar con seres humanos en el Estrecho de Gibraltar.

El secretario de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en la provincia de Cádiz, José Encinas , asegura que urge la prohibición de estas embarcaciones para asestar un duro golpe al narcotráfico y evitar que sean utilizadas para el tráfico de personas, como se ha visto esta semana en los mencionados videos, algo que el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha asegurado esta semana que es algo puntual.

«El video de la narcolancha cargada de inmigrantes es algo visto por primera vez. Aunque no podemos hablar de algo habitual sí es cierto que nos preocupa que los narcotraficantes estén empezando a utilizar sus recursos para operar como mafias del tráfico de personas, lo supondría una dificultad añadida a la hora de interceptarlas en el mar al ser muy rápidas », explica Encinas.

Y es que desde la AUGC se alerta de que se trata de una «peligrosa coincidencia» de actividades delictivas , la del tráfico de estupefacientes y la de las mafias que se lucran con la desesperación de las personas que tratan de acceder irregularmente a territorio español, «lo que incrementa exponencialmente el riesgo que afrontan los agentes en su trabajo y dificulta enormemente su eficacia».

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se expresan en el mismo sentido. « Es urgente aprobar y desarrollar la normativa para prohibir las narcolanchas. Lo era antes y lo es ahora, cuando hemos comprobado que también se utilizan para el tráfico de personas», indió Carmen Velayos , secretaria provincial de este sindicato.

Pese a que desde el Gobierno se asegura que esta vinculación es «puntual», desde el SUP se advierte de que no hay que restar importancia a dichas imágenes. «Hemos visto unos videos pero cuántas entradas de inmigrantes en narcolanchas se habrán podido producir de las que no tenemos imágenes ni hemos interceptado».

En este sentido, asegura que todas las circunstancias pueden resultar favorecedoras para que lo puntual se convierta en habitual si no se toman con inmediatez las medidas oportunas: «El tráfico de drogas, armas y personas son las actividades ilícitas que más dinero generan. Diversificar el negocio es algo muy antiguo en las mafias y si hay condiciones favorables, aún mejor. Permisividad en el país de origen, cercanía y aceptación en el país de destino constituyen una fórmula mágica para que esto ocurra y la costa de Cádiz cumple con estas variables », añade Velayos.

Desde el PP también se exige la entrada en vigor de esta normativa. El senador y presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz , ha exigido esta semana en una visita a La Línea de la Concepción , una de las poblaciones más castigadas por el narcotráfico, que se apruebe ya porque sostiene que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó ultimado este asunto.

Sin embargo, desde el Gobierno se critican las prisas del PP. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha respondido que el trámite lleva su tiempo: «Un anteproyecto, regulado por el artículo 22 de la Ley del Gobierno, es el primer paso de la tramitación de una Ley Orgánica . Tras el paso por el Consejo de Ministros, son necesarios consultas, informes y dictámenes de los organismos cono el Consejo General del Poder Judicial, Consejo Económico y Social y Consejo de Estado para velar por la constitucionalidad de la norma y su correcto ordenamiento jurídico. Una vez recibidos dichos informes el texto es enviado al Congreso de los Diputados previa aprobación en el Consejo de Ministros».

Muestra de la intensa actividad de los narcos es el dato de narcolanchas intervenidas en el Campo de Gibraltar en lo que va de año, un total de 230 según los datos facilitados a este diario por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

La mayoría de estas intervenciones han sido realizadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Algeciras y La Línea de la Concepción, un total de 209.

El resto lo ha sido por Aduanas: 21 narcolanchas , 16 embarcaciones menores incluydas pequeñas semirrígidas utilizadas para el contrabando de tabaco y seis motos acuáticas.

Muchas de estas narcolanchas se acumulan en el puerto de Algeciras bajo la custodia de la Guardia Civil ante la inexistencia de un depósito judicial en el Campo de Gibraltar, unas instalaciones cuya explotación ha sacado a licitación la Junta de Andalucía.