Interior cierra de manera definitiva el CIE de Tarifa

El CIE de Tarifa cerró sus puertas al inicio del estado de alarma . El Ministerio del Interior, previa autorización judicial, fue desalojando progresivamente todos estos centros en España y derivando a estas personas a ONGs y a recursos familiares. El de Algeciras fue el último en cerrar sus puertas . Lo hizo a mediados de mayo tras reubicar a los tres últimos inmigrantes que quedaban en dichas dependencias.

El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz , no podía ocultar su satisfacción por la noticia. Según ha explicado, la notificación de Interior ha llegado tras los contactos mantenidos para analizar la evolución del proyecto de consolidación de un uso público más amplio en el enclave natural de la Isla de las Palomas . El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, adelanta así dos años esta clausura, que anunció se llevaría a cabo en 2022 cuando esté construido el nuevo CIE proyectado en Algeciras.

Y es que esta isla contará con un Punto de Atención a Visitantes y Centro de Interpretación del faro situado en este enclave, un proyecto que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) acaba de adjudicar por un importe que supera los 600.000 euros.

Ha sido este «trabajo serio y el proyecto de futuro» los que, según el alcalde de Tarifa, han desencadenado el cierre definitivo del CIE: «Es una noticia importante para el municipio que abre muchas expectativas y muchas posibilidades en torno al uso público de la isla. Todo esto proviene de la comunicación continua y puntual que hemos mantenido con el Ministerio del Interior sobre el proyecto. El cierre definitivo del CIE era algo que anhelábamos y que ha centrado muchos de nuestros esfuerzos y peticiones. Lo veníamos reclamando de forma reiterada. Entiendo que el trabajo serio y riguroso presentado a Interior para el uso público de la isla ha sido uno de los desencadenantes en el cierre».

Según el alcalde, se abre ahora un futuro «muy interesante» para la isla de Tarifa que deberá ser consensuado con el Ministerio de Transición Ecológica con competencias en la zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible , el Parque Natural del Estrecho y el Ayuntamiento de Tarifa, además de los necesarios procesos participativos que se incorporen. «Entre todos debemos definir el modelo más idóneo de uso público de un enclave privilegiado que encierra valores patrimoniales desde el punto de visto medioambiental e histórico», añadió.

El CIE de Tarifa fue habilitado en un antiguo acuartelamiento que había en la Isla de las Palomas y que nunca ha reunido condiciones dignas de habitabilidad . Comenzó a funcionar como centro para inmigrantes hace dos décadas. Luego fue sometido a algunas reformas. Una juez de Algeciras le sacó los colores al Ministerio del Interior hace tres años por las pésimas condiciones de este centro y el de Algeciras, y le instó a que realizase mejoras. Además, obligó a reducir la capacidad de ambos CIEs. El de Tarifa pasó de albergar 130 internos a 60.

Esta juez instó además a Interior a que eliminase las duchas colectivas, las habitaciones para más de tres internos y que se instalasen retretes con cisterna y lavabos, así como que se garantizase la intimidad de los internos, expuestos a la mirada del resto cuando hacían sus necesidades en algunos de los módulos. También exigió la climatización de los módulos y que se crearan espacios lúdicos. Las pésimas condiciones de este CIE también fueron denunciadas por el Defensor del Pueblo .

La noticia de su cierre definitivo ha supuesto toda una celebración para la Asociación Pro-Derechos Humanos Andalucía (APDHA). Su responsable en el Campo de Gibraltar, Andrés de la Peña, tampoco puede ocultar su satisfacción: « Es una gran noticia que nos viene a dar la razón. Llevamos muchos años pidiendo su cierre por lo que supone para los inmigrantes y porque además impide el disfrute sostenible de la Isla de las Palomas».

Esta asociación pide que no se reabra ningún CIE en España ya que sostiene que se trata de auténticas prisiones que en el caso de Algeciras y Tarifa tienen el añadido de no reunir los requisitos mínimos de habitabilidad, unos centros en los que denuncia se confina a unas personas «en espacios tercermundistas pese a que no han cometido ningún delito sino únicamente una falta administrativa». También se opone al que se pretende construir en Algeciras.