La Fiscal Antidroga de Cádiz clama por una reforma legislativa para combatir el narcotráfico con eficacia en los tribunales

«Necesitan cambiarse porque tenemos una estructura de actuación con estas leyes que está adaptado, se pueden poner penas muy altas para las personas que trafican con drogas o llevan a cabo estas actividades delictivas, pero sin embargo después la norma que lleva a cabo el procedimiento para conseguir esas penas es del siglo XVIII y se han ido haciendo parches pero necesitamos una reforma integral para que esto sea ágil, porque nos encontramos con procedimientos que duran años y esto no puede ser», ha manifestado la fiscal antidroga en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press.

Ana Villagómez ha aseverado que «en principio» las rutas usadas por los narcos para introducir hachís y cocaína por la provincia de Cádiz «son las mismas», al igual que las embarcaciones. Así, ha deducido que «es la misma infraestructura y las mismas organizaciones, lo que pasa es que para traer hachís las organizaciones tienen que cooperar con organizaciones marroquíes, que son las proveedoras, y en este caso si es cocaína tienen que cooperar con organizaciones de Sudamérica que son los países productores de cocaína, fundamentalmente Colombia, Bolivia y Perú».

Para poder desarticular estas redes criminales hay que «detener a sus miembros» y «ver las ganancias dónde las tienen», algo que como ha señalado «es muy complicado», porque «muchas veces las tienen en efectivo».

No obstante, ha comentado que sí se ha llegado a actuar contra el patrimonio de los narcotraficantes, investigaciones que «son muy complicadas porque hace falta muchísima documentación, investigar cuentas y seguir el rastro del dinero».

La fiscal antidroga ha argumentado que estas acciones delictivas «dan dinero» y esto es «muy goloso» y «muy fácil de obtener», continuando con que «hay una parte de la población que se beneficia directamente» de esto, colaborando con los narcos con logística de transportes como 'petaqueo' de gasolina o suministro de embarcaciones o vehículos, y 'guarderías' para la droga. Además, hay otros que «indirectamente» se benefician también y que «hace la vista gorda» a la procedencia del dinero que entra en sus negocios si este «sale adelante.

Todas ellas colaboran con organizaciones «familiares» que están «muy asentadas en la zona», que «no van a irse de allí y que a pesar de que hayan sido condenados están en libertad provisional y siguen con sus negocios» porque «les es muy rentable».

A pesar de esto, ha aclarado que es «una parte de la población» y no «toda la sociedad» la que está implicada en estos delitos en la provincia de Cádiz, ya que «la mayoría de la gente trabajan y son gente honrada»

Sobre la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, donde se han desarticulado varias organizaciones y se han incautado toneladas de drogas en los últimos meses, la fiscal delegada ha indicado que «la situación ahora mismo es mejor que hace unos años», matizando que «no podemos pensar que eso se ha solucionado, sino que se mantiene», poniendo el foco la introducción de cocaína que se está generalizando, algo en lo que ha insistido «hay que atajarlo porque puede traer muchos problemas mucho más graves de violencia, mucho más dinero y mucha más capacidad de corrupción».

Ana Villagómez ha indicado que «se ha llegado a todas las organizaciones del Campo de Gibraltar», pero que «el problema después» es que «eso se queda estancado» y «no conseguimos que avance la instrucción de las causas porque los juzgados están sobresaturados, la ley del juzgamiento criminal es muy antigua y hay muchísimas posibilidades de las defensas para recurrir. Este sistema no funciona para este tipo de casos tan complejos», ha lamentado.