El SAS se blinda ante la lluvia de reclamaciones médicas por Covid

Para blindarse ante las posibles reclamaciones, la agencia sanitaria está abonando una póliza anual de 12,63 millones de euros que cubre la responsabilidad patrimonial y profesional, es decir, los gastos ocasionados por los errores médicos que tienen su origen en una mala praxis durante el tratamiento de un paciente o incluso si éste se accidenta por una caída dentro de un centro de salud o un hospital.

A toda la amplia retahíla de motivos por los que un paciente decide pleitear con el SAS, se ha sumado ahora el 'factor Covid' que ha encarecido el coste de la prima. La agencia dependiente de la Consejería de Salud y Consumo ha convocado un procedimiento abierto y urgente para contratar a una compañía aseguradora que dé cobertura a los riesgos derivados de la asistencia sanitaria y sociosanitaria, sea presencial o mediante telemedicina, así como todas las actividades complementarias que presta.

Para firmar el nuevo seguro ha reservado un presupuesto de 55,58 millones de euros (27,78 millones anuales) con una vigencia de dos años, prorrogables hasta cinco. El coste económico total ha aumentado en un 29,8 por ciento respecto a la póliza que expira el próximo 31 de diciembre.

Parte de este incremento obedece al denominado 'riesgo Covid', que no estaba incluido en el anterior seguro. Por primera vez la aseguradora cubre tanto la responsabilidad directa o indirecta del SAS por ese contagio, entre pacientes y profesionales, así como la demora de los tratamientos asistenciales no Covid. Asi lo detalla el informe emitido por la Subdirección de Ordenación y Organización de la Consejería incorporado al expediente de contratación y dirigido al Consejo de Gobierno que autorizó el gasto el 20 de septiembre pasado. «Nos hemos anticipado para contratar el seguro porque hemos notado un incremento de las reclamaciones y queríamos cerrar pronto la póliza. Estamos hablando de dinero público y hay que gestionarlo bien», destaca el viceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán.

El responsable autonómico explica que el 'riesgo Covid' ha sido cuantificado en unos 2,77 millones de euros. Esta contingencia barrunta «una mayor litigiosidad y, como consecuencia, ha encarecido el coste del seguro». «Después de la pandemia nos han empezado a llover las peticiones de personas que se sienten perjudicadas por la pandemia ya sea por el contagio o porque no ha podido acceder al centro de salud durante las restricciones», detalla. También están llegando demandas en concepto de reclamación patrimonial a la Consejería de Salud procedentes de negocios que se sienten afectados por las limitaciones de aforo o el lucro cesante (el dinero que ha dejado de percibir por el cierre de un establecimiento, por ejemplo), aunque estos últimos no están cubiertos por el seguro que vamos a contratar», especifica Miguel Ángel Guzmán.

La pandemia puso al límite la presión asistencial entre 2020 y 2021, con los hospitales dedicados a atender enfermos contagiados por Covid y los centros de salud desbordados por la afluencia de pacientes leves y el rastreo de positivos y contactos. La concentración de recursos en la emergencia sanitaria complicó el acceso al sistema sanitario. Las consultas médicas y las pruebas diagnósticas se retrasaron sobre otras dolencias infecciosas y enfermedades. Los daños colaterales que ocasionó la crisis sanitaria han empezado a pasar factura al SAS en forma de reclamaciones, cuando su impacto cada vez es más testimonial (sólo están ocupadas el 1,2% de las camas hospitalarias y el 0,3% en las UCI).

El fenómeno del Covid es uno de los principales motivos del encarecimiento de la póliza, pero no el único. El viceconsejero de Salud y Consumo esgrime dos factores más: por primera vez se da cobertura también a los más de 8.000 profesionales y centros de las extintas agencias públicas empresariales sanitarias. Desde el 1 de enero pasado, el SAS ha absorbido a las cinco entidades que gestionan 21 hospitales comarcales y de alta resolución repartidos por toda la comunidad autónoma. Las citadas agencias destinaban cada año a sus respectivas primas un total de 3,43 millones de euros.

El tercer motivo es que el nuevo seguro incluye un cobertura integral, sin aplicación de franquicia, un modelo de aseguramiento que ha sido el seguido desde el origen del seguro de responsabilidad sanitaria pública, en los inicios de la década de los años 90 del siglo pasado. «Sin franquicia vamos a pagar un poco más, pero al final nos compensa porque nos permite que por mucha litigiosidad que haya, vamos a estar cubiertos. De la otra forma, los primeros 50.000 euros en una indemnización los pagaba el SAS», razona Guzmán. Prescindir de la franquicia eleva el coste del seguro en 6 millones de euros.

El presupuesto de licitación se ha estimado teniendo en cuenta distintas variables, como la siniestralidad durante los últimos 17 años y la media aritmética de las indemnizaciones pagadas, que supera los 13 millones de euros en un total de 14.150 casos de accidentes y errores desde 2005 hasta 2021.

El SAS maneja datos precisos del coste que tienen los accidentes y errores médicos. En los últimos 17 años ha tenido que hacer frente a pagos por unos 832 expedientes de media al año. Sólo el pasado ejercicio tuvo que desembolsar 19,07 millones de euros en concepto de indemnización, incluyendo los costes generados por la gestión de la póliza, las costas judiciales, los honorarios y minutas de los abogados y los corretajes de las corredurías.

Los pacientes y sus familiares cada vez se animan más a reclamar por una posible negligencia médica. Salud prevé «un incremento exponencial en el valor de la siniestralidad anual y donde sobre todo se observa es en el coste medio del siniestro, que en los últimos años viene a duplicar su valor promedio histórico».

Desde 2015, el Ministerio de Sanidad tomó como modelo para este tipo de riesgos el baremo de los accidentes de tráfico, donde cada lesión o daño están tasados. El baremo de 2015 supuso, en términos generales, que las indemnizaciones se incrementasen de media un 50% en caso de muerte, un 35% en caso de secuelas y un 13% en caso de lesiones. Este aumento no es lineal, pues es más elevado en los casos de fallecimiento en edades centrales de la vida, donde crecen un 100%, y en los grandes lesionados, con incrementos de hasta 150% en los casos más graves. Esta reforma, que adquirió rango de ley, ha tenido una importante repercusión en el coste de la siniestralidad de la responsabilidad sanitaria de todos los sistemas regionales de salud, incluido el SAS.