La Audiencia de Sevilla sondea a las partes para decidir la vuelta de la Junta de Andalucía al caso ERE tras retirarse con el PSOE

El Gabinete Jurídico autonómico justificó el radical cambio de rumbo por las diez sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que borran los delitos a los ex altos cargos que habían sido condenados en firme con pena de cárcel y/o inhabilitación para empleo y cargo público al imponer una nueva doctrina sobre la supuesta legalidad de las ayudas a empresas. En su escrito la Junta reconoce que solo ha recuperado 28 millones de euros del montante total del dinero público defraudado que roza los 680 millones, como avanzó ABC tras cursar una petición de acceso de información pública a través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

A través de una providencia fechada el 16 de mayo pasado y notificada este martes a las distintas partes del proceso, a la que ha accedido ABC, el tribunal les traslada la petición de la Junta para que formulen alegaciones en el plazo de tres días. La decisión final corresponde a la sala de la Audiencia de Sevilla que tiene pendiente de despejar el dilema de si presenta una cuestión prejudicial o consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la extralimitación de funciones y la invasión de competencias de los jueces y tribunales ordinarios que, cree, ha podido cometer la mayoría de magistrados de izquierdas que controla el Tribunal Constitucional con su revisión de las sentencias del caso ERE.

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La pasada semana, el Gabinete Jurídico autonómico corrigió su rumbo en esta causa y pidió a la sala que debe dictar la sentencia definitiva que admitiese su personación como parte perjudicada con el objetivo de «intentar llegar hasta el final en la recuperación del dinero defraudado, cifrado en 679.412.179,09 euros», el dinero irregularmente repartido por la Junta, mediante una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo en «el mayor caso de corrupción de la historia política de España», según especificó el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, que dio la orden política de regresar a esta causa.

El Gobierno andaluz del PP trata así de retomar su protagonismo en un proceso después de borrarse del juicio contra Chaves y Griñán en el año 2016, en la etapa del PSOE, al considerar no hubo trama criminal ni delito en la actuación de los antiguos dirigentes de la Junta de Andalucía en este caso de corrupción.

La Junta de Andalucía, a través de una letrada autonómica, pide volver a representar los intereses de los andaluces que se vieron perjudicados por el fraude de las ayudas a empresas en crisis. En este giro ha pesado el cambio de guion del órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido, que el pasado mes de julio anuló total o parcialmente las penas de inhabilitación y/o prisión impuestas a una decena de ex altos cargos socialistas de la Junta, entre ellos, los expresidentes Chaves y Griñán.

La Junta de Andalucía considera que la doctrina que establece el Constitucional, con las sentencias dictadas en julio de 2024 «puede generar un escenario de impunidad parcial, no sólo penal sino también civil y patrimonial» que impediría reparar el daño causado a los intereses de la comunidad autónoma.

En su escrito, la Junta hace constar que tiene un «interés legítimo» vinculado a la recuperación de las cantidades y al ejercicio de la acción civil que se reservó cuando decidió retirar la acusación, en el año 2016. Y, por ello, considera «necesario» que la Junta de Andalucía «se persone y sea oída» para poder defender sus intereses patrimoniales.

La Junta se opone al borrado que hizo el TC. Por siete votos a favor de los magistrados progresistas frente a los cuatro en contra del bloque conservador, fijó la doctrina de que el método de subvenciones diseñado para empresas en crisis se apoyaba en las leyes de presupuestos autonómicas, por lo que no hubo prevaricación y malversación por el mero hecho de que el fondo figuraba en las cuentas de la Junta.

El Tratado de Funcionamiento de la UE, en su artículo 325, obliga a todos los poderes públicos de los Estados miembros de la Unión, entre los que se halla la Junta de Andalucía, a ejercer las acciones de recuperación de fondos públicos que hayan sido defraudados, una posición que es conforme a la jurisprudencia que ha fijado el propio TJUE, alegará el Gabinete Jurídico. Prueba de ese interés legítimo es también que la Junta de Andalucía ya formuló denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

Finalmente, la Junta apela al artículo 7 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, según el cual las personas cuyos derechos e intereses legítimos pudieran resultar afectados por una decisión, antes de que se dicte resolución, tienen derecho a ser oídas, a formular alegaciones, a aportar documentos y a utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico.

En su escrito, la Junta formula alegaciones a favor de plantear la cuestión prejudicial apoyando los cuatro argumentos de la Audiencia para emprender este camino. Así, defiende que el TC se ha extralimitado en sus funciones y que sus diez sentencias tendría una «innegable afectación negativa al resarcimiento económico de la Junta». Ve igualmente motivos para considerar que el TC ha invadido ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales. Además, considera que la interpretación que hace sobre las leyes de presupuestos de la Junta de 2002 a 2009 se opone a la normativa y jurisprudencia comunitarias.

Por todo ello, se podría estar incumpliendo las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, siendo procedente plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE, señala.