La Audiencia de Sevilla pone en libertad a los exconsejeros Aguayo y Vallejo tras ser exculpados de malversar en el caso ERE por el TC

El TC ha ordenado a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia que rebajará sustancialmente sus penas porque entiende que tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo aplicaron mal el delito de prevaricación y vulneraron el derecho a la presunción de inocencia de Aguayo y Vallejo al condenarle por malversación sin precisar los hechos que se le atribuyen expresamente. 

El órgano sentenciador, en este caso la Sección Primera de la Audiencia, mueve ficha después de recibir un correo electrónico del órgano de garantías constitucionales en el que se anticipa el fallo de las sentencias por las que se resuelven sus respectivos recursos de amparo y se declara la nulidad de la sentencia que los condenó.

La que fuera máxima responsable de Hacienda entre los años 2009 y 2013, Carmen Martínez Aguayo, consiguió, a principios de este mes de junio, el tercer grado penitenciario, un régimen de de semilibertad que le ha permitido abandonar la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) donde estaba cumpliendo su castigo. Desde entonces acudía al Centro de Inserción Social Jiménez de Asúa de la capital andaluza únicamente para dormir. Este miércoles, tras el desmontaje de las sentencias que está haciendo el TC, Aguayo ya no tendrá que desplazarse y podrá pernoctar en su casa. El Pleno ha adoptado este miércoles su decisión por siete votos a favor de los magistrados elegidos a propuesta del PSOE frente a cuatro votos en contra, los de los togados del ala conservadora.

Martínez Aguayo fue viceconsejera de Hacienda cuando José Antonio Griñán dirigía las finanzas andaluzas. Después, entre 2009 y 2013, fue la titular de la consejería, tras el ascenso de éste a la Presidencia de la Junta. Esta médica de familia jubilada ha pasado año y medio encerrada en la prisión por este caso de corrupción, menos de un tercio de los seis a los que fue condenada por malversación, como su antiguo jefe, Griñán, que fue dispensado de ingresar en la cárcel para tratarse el cáncer que padece.

Martínez Aguayo fue la primera de los ex altos cargos socialistas en pisar la cárcel para cumplir la condena de seis años de prisión por malversación en el caso de los ERE. Entró en el centro penitenciario el 28 de diciembre de 2022, curiosamente el Día de los Inocentes.

Previsiblemente, a lo largo de esta tarde, Francisco Vallejo Serrano saldrá de la prisión de Sevilla I donde ingresó hace un año y siete meses El que fuera consejero de Innovación de la Junta de Andalucía entre 2004 y 2009, en la etapa de Gobierno del PSOE, fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a siete años y un día de cárcel por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, además de 18 años y un día de inhabilitación absoluta.

El Supremo ratificó su pena de privación de libertad. Como consejero de Innovación presidía el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego denominada Agencia IDEA, el ente de la Junta de Andalucía que utilizaba la Consejería de Empleo para pagar ayudas irregulares y escapar a los controles que impone la normativa de subvenciones. Él fue, como recogía la sentencia, quien autorizó los convenios de IDEA que ampararon los pagos, además de formar parte del Consejo de Gobierno que aprobó las partidas presupuestarias.

La Sección Primera de la Audiencia no ha recibido los fallos de las sentencias del TC referentes al exconsejero de Empleo Antonio Fernández García y al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, que también han visto anuladas penas, por lo que hoy no resolverá sobre estos casos concretos, según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Tendrán, pues, que continuar un día más en la cárcel.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, quien ejerce la defensa del exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, ha manifestado que tras estimar parcialmente el Tribunal Constitucional (TC) su recurso de amparo contra su condena a siete años, once meses y un día de prisión por malversación en el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos autonómicos; «procede» su puesta en libertad por parte de la Audiencia de Sevilla como órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria, otrora confirmada por el Supremo y ahora anulada por el Constitucional.

«Entiendo que tras el dictado de esta sentencia del TC, anulatoria de la de condena por malversación de Antonio Fernández García, procede y confío plenamente en que la Audiencia de Sevilla, siendo cabalmente respetuosa al valor superior del derecho constitucional a la libertad personal, ordenará de inmediato la excarcelación de Fernández, como así lo he interesado ya«, ha trasladado el letrado Martínez del Hoyo a Europa Press.

Fernández fue condenado a siete años, once meses de prisión y a 19 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación; no solo por haber intervenido en las modificaciones presupuestarias que arbitraron los fondos para el pago de los ERE, sino también por haber firmado como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) convenios particulares con el director general de Trabajo a través del que se materializaron varias ayudas.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que ante su recurso de amparo, el Constitucional considera que la Audiencia de Sevilla tendrá que redactar un nuevo pronunciamiento «exclusivamente» en lo relativo a la posible comisión de un delito de malversación en las modificaciones presupuestarias de 2000-2001 y a las disposiciones de fondos incluidos en el programa 3.1 L en ausencia o con desviación de su fin público.

El Constitucional le perdona así una parte de la malversación, pero deja fuera del amparo los actos de presupuestación y gestión que -en calidad de viceconsejero de Empleo- realizó para las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, antes de que las leyes de presupuestos hubieran incorporado el concepto de transferencias de financiación del IFA a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

El tribunal también excluye del amparo las disposiciones de fondos ordenadas en el ámbito de la Consejería de Empleo entre 2002 y 2009 bajo la vigencia de las leyes de presupuestos que incorporaban tales aplicaciones al programa 3.1 L, pero que excedieron su ámbito de cobertura porque se hicieron en «ausencia de fin público».