La Audiencia de Sevilla avanza en su propuesta de llevar a la Justicia europea el borrado del Tribunal Constitucional al caso ERE y crea una pieza separada

A través de una providencia dictada el viernes 11 de julio, notificada hoy a las partes del proceso y facilitada a ABC, los cinco magistrados que conforman la sala que debe redactar la sentencia definitiva por el sistema de ayudas fraudulentas acuerdan «formar» una pieza separada para «sustanciar la decisión que se adopte sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial» ante el tribunal con sede en Luxemburgo. Hasta ahora las decisiones relacionadas con este asunto estaban siendo abordadas dentro del procedimiento judicial de ejecución de la sentencia. Pero dado el alcance de la medida, han optado por crear una pieza concreta sobre la consulta a la Justicia europea.

Se trata de una cuestión formal, pero sumamente llamativa porque evidencia que los magistrados parecen determinados a echar un pulso al Tribunal Constitucional para no tener que aplicar sus diez resoluciones favorables a los ex altos cargos socialistas condenados, en las que el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido desautoriza la sentencia de la Audiencia de Sevilla del 19 de noviembre de 2019, ratificada en su mayor pare por el Tribunal Supremo.

En su providencia del pasado 18 de marzo, la Sección Primera alegó que el TC, controlado por una mayoría de magistrados nombrados a propuesta del PSOE, pudo haber vulnerado el Derecho europeo con las sentencias que estimaron parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados en el caso ERE, entre otros, el expresidente andaluz José Antonio Griñán, al que absolvió del delito de malversación castigado con seis años de prisión, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, al que libró en parte de la pena de nueve años de inhabilitación por prevaricar.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia hispalense pidió a las distintas partes que se pronunciaran sobre la posibilidad del elevar una consulta a la Justicia europea. Entienden los magistrados sevillanos que el TC ha podido extralimitarse en sus sentencias e invadir competencias de la jurisdicción ordinaria, además de desproteger el patrimonio público y «mermar la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos».

La Audiencia de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada después por el Tribunal Supremo, condenó a Griñán y Chaves por el reparto arbitrario y sin ningún control de casi 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009. Tanto el Ministerio Público, siguiendo las instrucciones del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como las defensas habían pedido a la Audiencia hispalense que renunciara a elevar la cuestión prejudicial a Europa, mientras que la acusación popular ejercida por el PP andaluz apoya sin fisuras la iniciativa.

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Tras amenazar con vetar la cuestión prejudicial haciendo valer dos artículos de la ley reguladora del Constitucional, Conde-Pumpido renunció a emprender ninguna maniobra contra la Audiencia de Sevilla por no acatar sus sentencias. El que fuera fiscal general con José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011 no logró el apoyo de todos los magistrados para acordar una declaración institucional en defensa de la jurisdicción del TC. Los informes de los letrados del propio Constitucional que desaconsejaban vetar la iniciativa de la Audiencia.