Antonio R. Vega: «Nadie está por encima de la ley, tampoco los políticos condenados en los ERE»

Los jueces dedican 61 páginas a argumentar su decisión de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que le plantean cuatro cuestiones prejudiciales o consultas con el objetivo de evitar que quede impune el reparto ilegal de 680 millones de euros, como vuelven a recordar en su auto. Sí, han oído bien, 680 millones de euros de fondos públicos que se repartieron sin control, publicidad ni concurso en una administración pública durante diez años. Algunas de esas ayudas fueron a parar a militantes, amigos y empresas cercanas al PSOE porque el sistema desactivó de manera deliberada los controles.

El Constitucional legalizó el procedimiento de ayudas por el mero hecho de que el dinero se recogía en los presupuestos de la Junta de Andalucía aprobados por el Parlamento. Pero los magistrados de Sevilla discrepan. Hasta las leyes presupuestarias, dicen, pueden responder a un fin fraudulento si se ven afectados los intereses financieros de los europeos, españoles y, particularmente, andaluces. Los que no tuvieron la opción de acceder a estas ayudas sencillamente porque éstas no se publicaban en ningún boletín.

En su auto, la Audiencia de Sevilla cita el reciente discurso de investidura del presidente del Tribunal europeo, el órgano que ahora tendrá la última palabra en el caso ERE. Dice lo siguiente: «La rendición de cuentas no solo se basa en el valor de respeto de la democracia, sino también en el valor de respeto del Estado de Derecho, dado que quienes ejercen el poder público no pueden estar por encima de la ley». Pues eso, nadie, ni tampoco los políticos aforados, están ni pueden estar por encima de la ley.