Andalucía, la tercera comunidad autónoma con más ciberdelitos

Cataluña y Madrid superaron los 63.000 hechos en ambos casos. Tras la comunidad andaluza se encuentra Comunitat Valenciana, con 34.000.

Atendiendo a las provincias de toda España, Sevilla, Málaga y Cádiz se sitúan entre las diez primeras, con 14.590, 11.863 y 10.306, respectivamente.

Del total de ciberdelitos en el país conocidos por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y los distintos cuerpos de policía local, nueve de cada diez (335.995) fueron fraudes informáticos (estafas), que se incrementaron un 26% respecto a 2021.

A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (15.982 casos), que representan un 4,2% del total, pero que se reducen un 7,7% frente al ejercicio anterior. Descienden también los delitos contra el honor, la propiedad industrial e intelectual y la interferencia de datos y en sistema.

El número de detenidos e investigados ha alcanzado en 2022 la cifra de 15.097 personas, lo que supone un aumento de un 9,4% con respecto al año 2021. El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (72% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española.

En cuanto a los ciberincidentes, el Informe recoge que las infraestructuras críticas recibieron en 2022 un total de 546 ciberataques, lo que supone un descenso del 19,7% respecto a 2021

La mayor parte de los incidentes contra las infraestructuras críticas fueron ataques contra los sistemas (60%), seguidos de los robos de información (21%) y, en menor medida, fraudes, intrusiones y el uso de malware.

El informe de 2022 confirma la tendencia ascendente de los ciberdelitos, así como su mayor peso proporcional en la delincuencia, que ha pasado de representar el 7,5% en 2018 a un 16,1 en 2022.

Junto a una campaña de sensibilización, Interior ha adoptado en 2023 decisiones operativas para aumentar las capacidades y recursos policiales de prevención y persecución de la ciberdelincuencia que constituyen un desarrollo avanzado del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, aprobado por el departamento en 2021.

Entre esas medidas se incluye la atribución de mayores capacidades ejecutivas a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), órgano que enlaza a la Secretaría de Estado de Seguridad con los centros de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales de referencia. La OCC pasó a constituirse como el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial (CSIRT-MIR-Policía Judicial).

Además, y por primera vez, la Secretaría de Estado de Seguridad ha contado con una dotación presupuestaria específica de cinco millones de euros para atender las inversiones necesarias para dotar de las capacidades tecnológicas adecuadas tanto a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad como a las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en la prevención y persecución de los ciberdelitos.