Andalucía promueve pruebas adaptadas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad intelectual

La propuesta aprobada por unanimidad y en lectura única (lo que garantiza una entrada en vigor inmediata) recoge la iniciativa del Parlamento andaluz de solicitar al Congreso una reforma del apartado 2 del artículo 61 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de que «las pruebas de acceso para personas con discapacidad intelectual consistan en una prueba de situación para valorar las habilidades y destrezas para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo». Es decir, se trata de elaborar pruebas que simulen las condiciones y funciones del puesto al que aspiran.

La Proposición de ley de Por Andalucía insta al cambio legal por parte del Gobierno de España y cuenta con el informe favorable del Consejo de Gobierno (circunstancia que no ocurrió en la anterior ocasión que se tramitó esta propuesta). También tiene el respaldo de todos los grupos de la Cámara autonómica.

Hasta que el Congreso no aprueba este cambio de ley, realmente no tiene validez la propuesta. Pero, en el caso de Andalucía ya se han dado pasos en este sentido. La Ley de Función Pública andaluza aprobada en 2023 recoge la posibilidad de realizar estas pruebas de situación y de ahí que la Consejería de Justicia y Función Pública trabaja ya en la incorporación de esta medida en los procesos selectivos que se lleven a cabo.

Durante el año 2023, se presentaron 715 aspirantes en distintos procesos de la Junta de Andalucía en los cupos reservados para personas con discapacidad intelectual. Para facilitarles el proceso, se habilitaron sedes para los exámenes en las ocho provincias con zonas de espera para los acompañantes y antes del comienzo de cada parte del ejercicio los responsables del aula dieron instrucciones del modo de responder a las preguntas.