Andalucía presenta hasta 22 alegaciones al nuevo Plan Estatal de Vivienda

No obstante, desde la Consejería aseguran que existe un propósito de negociación y diálogo para establecer líneas conjuntas de actuación que acaben o al menos reduzcan las dificultades de los ciudadanos para acceder a una vivienda, principal preocupación de los españoles.

Dentro de las 22 alegaciones, se encuadran varias de carácter más técnico con el fin de evitar futuros malentendidos o malas interpretaciones de la normativa, aclarando diversos conceptos relativos a la ayuda para compra y alquiler y para los arrendadores.

Las principales giran en torno a tres conceptos: se trata de una ley muy intervencionista y poco flexible, que hipoteca en parte a las Comunidades y sufre el riesgo de parálisis total por la falta de acuerdos; no ha existido diálogo ni consenso, sino que se ha presentado un borrador redactado y cerrado; e impide margen de maniobra a las administraciones regionales, depositarias de las transferencias, y que tanto el diseño de los programas como el presupuesto invertido (el 40% en esta novedosa financiación, 80 millones en el caso andaluz) no permite desarrollar las políticas propias de vivienda.

Andalucía ha puesto el foco en la promoción de viviendas ante la escasa oferta, y entre las alegaciones propone que se incluya una línea específica para ayudas a la urbanización de suelos de vivienda protegida. A su vez, que el Real Decreto que regule el PEV (Plan Estatal de Vivienda) contenga una asignación expresa de fondos a las comunidades autónomas.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha insistido en la necesidad de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana «escuche a las comunidades autónomas y dote de las herramientas necesarias para afrontar los retos actuales en materia de vivienda». Estas alegaciones proponen evitar líneas intervencionistas que invadan competencias autonómicas y un modelo de cofinanciación más flexible y equitativo.

La titular de Fomento ha mostrado nuevamente la predisposición de la Junta de Andalucía para la negociación y el diálogo, como ya trasladó en la Conferencia Sectorial de principios del mes de octubre. Al mismo tiempo, ha vuelto a lamentar que el Gobierno de España haya sometido a información pública «sin debate previo con las comunidades autónomas, que cofinancian el plan y son las competentes en materia de vivienda». «El éxito del plan dependerá de la capacidad del Ministerio de colaborar con el resto de las administraciones», remarca Rocío Díaz.

El proyecto «no respeta la doctrina del Tribunal Constitucional, que reitera que el Estado, en materia de subvenciones y ayudas públicas en vivienda, no puede condicionar ni determinar la finalidad de las mismas más allá de lo imprescindible.

El Gobierno andaluz incide en la necesidad de que se diseñe un plan que ofrezca una oferta de vivienda protegida adecuada a la demanda, como apuntan los expertos y el propio sector y que está llevando a la práctica Andalucía. Así, las alegaciones trasladan que el plan es excesivamente intervencionista, con tal grado de concreción e imposición que priva de todo margen de desarrollo de una política propia a Andalucía. El Estado, se argumenta en el texto enviado al Ministerio, debe respetar las competencias autonómicas y su no cumplimiento podría incurrir en una posible vulneración de la doctrina del Tribunal Constitucional.

Igualmente, se ha cuestionado el nuevo sistema de cofinanciación, que no sólo aumenta en porcentaje, sino que lo hace con criterios más rígidos que el de anteriores planes. Al respecto, el Gobierno andaluz está dispuesto a aportar más fondos propios para hacer frente al reto de la vivienda, pero no sin consenso previo. En ese sentido, ha solicitado revertir el 40% de cofinanciación obligatoria y volver a un modelo flexible y complementario, acorde a la capacidad financiera de cada comunidad autónoma.

La Consejería de Fomento también ha pedido, al igual que se trasladó en Conferencia Sectorial, la inclusión de una cláusula transitoria que evite la paralización de programas que se llevan a cabo con el plan vigente. Además, ha planteado la inclusión de líneas de ayudas para la urbanización de suelos para poner en carga más parcelas para la promoción de vivienda protegida y que quede recogido de forma explícita la continuidad de las subvenciones para rehabilitación energética con cargo a los fondos europeos Next Generation.

Por último, Andalucía ha remitido otras alegaciones de carácter más técnico, centradas en solicitar mayor concreción en aspectos de las líneas de financiación de ayudas.