Andalucía mantiene su rechazo a aplicar la ley estatal de vivienda y prepara su propio marco legislativo

La Junta rechaza de forma contundente la principal medida regulada en este marco legislativo como es la declaración de zonas tensionadas en las que se realiza una intervención en el mercado del alquiler si se constata un grave desequilibrio entre los precios medios y los ingresos familiares. Por este motivo, en marzo, cuando se desarrolló por primera vez esta legislación, Andalucía, como la mayoría de comunidades salvo Cataluña, se quedaron al margen.

El rechazo es tal que los artículos en torno a esta declaración de zonas tensionadas o a la definición de grandes tenedores de viviendas están recurridas por parte del Gobierno autonómico al Tribunal Constitucional en un procedimiento que se encuentra admitido a trámite.

La argumentación la exponía recientemente la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una entrevista en Canal Sur Radio: «No creemos en la intervención en el mercado sino en establecer medidas que favorezcan un incremento de la oferta de vivienda». Por este motivo, Andalucía no se ha sumado, como prácticamente ninguna comunidad, a la propuesta de regular las zonas tensionadas con medidas restrictivas en cuanto a precios o contratos de alquiler. De hecho, desde el Gobierno autonómico se considera que el debate abierto y el planteamiento de este nuevo marco legislativo es precisamente uno de los causantes de la disminución de la oferta de pisos de alquiler.

Andalucía tiene en cualquier caso su propia ley de vivienda, aprobada por el Parlamento en el año 2010. Pero el actual gobierno autonómico no la comparte y de ahí que trabaje en estos momentos en una revisión de este marco legislativo en un proceso que es uno de los ejes del trabajo de la Consejería para esta legislatura y que se pretende que nazca desde «el máximo consenso con el sector» y con un planteamiento de base: distanciarse por completo del modelo implementado a nivel nacional, promover que haya más viviendas en el mercado y «en ningún caso favorecer un intervencionismo» desde las administraciones públicas.

El Gobierno andaluz pone así el acento en la recuperación de políticas de promoción de vivienda pública, en muchos caso con la cofinanciación del Gobierno de España, de fondos europeos y de los ayuntamientos que tienen competencias en la promoción y gestión de viviendas públicas. Según los datos expuestos este mes en el Parlamento andaluz por parte de la Consejería, el objetivo es completar la ejecución a través del denominado Plan Eco-Vivienda de 3.300 nuevos pisos en alquiler asequible repartidos por 68 promociones en todo el territorio andaluz.

Junto a esto, de momento, las políticas para facilitar el acceso a la vivienda de la Junta se han centrado en acciones puntuales. La más destacada ha sido el Bono Joven de Alquiler, un programa estatal aunque gestionado por las comunidades autónomas para facilitar una ayuda mensual de 250 a jóvenes para sus contratos de arrendamiento. El alcance en la primera convocatoria son 11.400 jóvenes aunque el procedimiento ha estado marcado por los retrasos en la adjudicación y aún restan en torno a un 20% de los expedientes por completarse.

Para la compra de vivienda se han incorporado el programa de avales hipotecarios para la adquisición de una primera vivienda por parte de jóvenes menores de 35 años que hasta el momento cuenta con en torno a medio millar de beneficiarios en Andalucía, así como por parte de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, las nuevas desgravaciones fiscales dentro de la cuota autonómica por adquisición de vivienda habitual por parte de menores de 35 años así como por las cantidades invertidas en el alquiler del piso.