Andalucía mantiene la derivación de abortos a la privada a pesar de las presiones de Sanidad

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Elena Calvo

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Los datos más recientes del Ministerio de Sanidad y Consumo, que corresponden al cierre de 2024, indican que en la región se llevaron a cabo durante ese ejercicio 19.787 abortos a petición de la madre en las primeras 14 semanas de gestación o en otros plazos que marca la ley en función de las causas médicas que concurran, y 19.746 fueron en instituciones privadas y solo 41 en los centros propios del SAS.

Andalucía está muy por encima de la media de externalizaciones en España en este tipo de procedimientos, que es del 70 por ciento cuando aquí se aproxima mucho al cien por cien. Este alto porcentaje se explica por la decisión de la Junta desde hace décadas de descargar de responsabilidades morales a los profesionales del SAS y evitar que se tengan que ver con la obligación de participar en la práctica de un aborto si su conciencia o sus creencias son contrarias a ella.

El Ejecutivo central quiere que el modelo cambie y el instrumento que emplea es la reforma de la ley de aborto de 2023. El objetivo, garantizar que una mujer pueda elegir entre que acaben con la vida del feto en un centro público o privado, y que por sistema no la incluyan en este segundo circuito.

El empeño del Gobierno choca con una dinámica de años y años en los sistemas de salud que gestionan las comunidades autónomas, y el andaluz no es ni mucho menos una excepción. Fuentes oficiales del Servicio Andaluz de Salud confirmaron ayer a este periódico que no se plantea hacer modificaciones sustanciales en su forma de abordar las IVE; en otras palabras, que el recurso a las clínicas privadas seguirá siendo la norma.

Pero el ministerio de Igualdad aprieta. Y el de Sanidad también, porque el pasado julio envió una carta a todos los gobiernos regionales recordándoles que tenían que dar pasos decisivos para garantizar que las mujeres pudieran optar entre la pública y la privada, y para ello les afeaba a algunas comunidades autónomas que no les hubieran entregado el registro de objetores de conciencia sobre el aborto que les reclamó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en Madrid en diciembre de 2024.

Andalucía es una de las regiones que no ha entregado el documento en cuestión, aunque se encuentra en una situación más avanzada que otras con él aún en blanco. Tal y como figura en los registros oficiales de la Consejería de Salud y Consumo, a comienzos de este año se aprobó un decreto que creó y reguló el denominado 'Registro andaluz de personas profesionales sanitarias objetoras de conciencia respecto a la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo'. El registro se encuentra en la actualidad en periodo de audiencia y de consulta pública.

¿Por qué insiste el Gobierno central en tener un documento de cada comunidad autónoma que detalle cuántos profesionales de sus sistemas de salud públicos son objetores? Para medir la capacidad real de esos sistemas de llevar a cabo las IVE y, llegado el caso y con la ley en la manos, forzar a las regiones a que las desarrollen sin acudir a la privada.

Este último cometido le corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo. Fuentes oficiales de este departamento del Ejecutivo central señalaron ayer a ABC que está elaborando un informe sobre los recursos asistenciales públicos para practicar abortos, y que el citado registro de objetores es fundamental para cerrarlo. Estos mismos interlocutores añadieron que por el momento no hay fecha para que el informe vea la luz.

El detalle del informe de 2024 de las Interrupciones Voluntarias del Embarazo elaborado por Sanidad señala que 18.025 de las 19.787 mujeres que abortaron en ese periodo se informaron sobre el procedimiento en un centro público y solo 751 en uno privado. No son despreciables los datos de que 748 féminas tomaron la decisión con el solo asesoramiento de una consulta en internet, y de que a 204 le bastó con la información que le dio círculo de amigos y de familiares.

La gran mayoría de las mujeres andaluzas que se sometieron a un proceso de este tipo durante el último año -15.389- cerrado estaban embarazadas de ocho semanas o menos, y 3.567 de entre 9 y 14. Las que se encontraban en la horquilla de 15 a 22 semanas sumaron 814, y 17 las que superaban las 23.

Sobre la causa de la petición de la IVE, en 18.860 casos era la simple demanda de la madre, y en 436 situaciones el grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. El riesgo de graves anomalías para el feto fue la motivación de 464 mujeres y de 27 las disfunciones fetales incompatibles con la vida o la concurrencia de una enfermedad extremadamente grave o incurable.

De acuerdo a la citada estadística del Ministerio de Sanidad, las mujeres que abortan son mayoritariamente jóvenes, de entre 20 y 29 años, y está al alza el grupo de las que ya tienen hijos y forman familias monoparentales, así como las de origen extranjero.

Más de la mitad de ellas tienen al menos estudios secundarios, en contra de lo que sucedía hace poco más de una década, cuando estas situaciones eran más frecuentes entre las personas menos instruidas.

La estadística también deja clara una evidencia: la relación entre el uso de anticonceptivos y los embarazos no deseados; el matiz es que hasta comienzos de este siglo este factor estaba fundamentado en el desconocimiento o el bajo nivel de renta, y ahora gana peso la renuncia a medios anticonceptivos como una decisión razonada, consciente.