Andalucía lanza el primer observatorio público de justicia juvenil de Europa

La iniciativa cobra especial sentido en un contexto en el que se siguen conociendo sucesos con menores implicados, como es el caso del apuñalamiento entre adolescentes en Córdoba. Si bien los delitos de sangre son bastante testimoniales -los más habituales son los robos y las lesiones-, refuerzan el sentido de un órgano colegiado que estudie la fórmula más eficaz para garantizar la reinserción social del menor, el objetivo último de todas las estrategias aplicadas al ámbito de la justicia juvenil.

En ese sentido, desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública recalcan que la región es referente mundial en lo que respecta a la reeducación del chaval violento, con una tasa de éxito del 80 por ciento.

Tanto es así que Andalucía ha atraído a diversos fiscales de Sudamérica y la Unión Europea -como Francia o Bélgica-, que acudieron a la comunidad para tomar referencias de buena praxis. De hecho, en el plano europeo sólo los belgas tienen un observatorio de la justicia juvenil, pero lo gestiona una entidad privada. El andaluz será el primero totalmente público.

Sin embargo, los informes que se venían haciendo se limitaban a una memoria anual de la Consejería que dirige José Antonio Nieto y a documentación aportada por entidades especialistas, que gestionan unos recursos sacados a concurso.

El observatorio permitirá generar un material mucho más extenso y, sobre todo, adaptado a la evolución de las infracciones de los menores, pues hay un clarísimo incremento de los casos producidos en el ámbito de las redes sociales y en el seno de la familia.

Esta nueva institución pretende nacer también como punto de encuentro de expertos —psicólogos, educadores, profesores—, que puedan enriquecer grupos de trabajo periódicos. Por su parte, el órgano colegiado se reunirá una vez cada año, salvo convocatorias extraordinarias.

Como punto de partida, se volcará toda la información que ya contiene el programa Prisma, con el que se gestiona toda la justicia juvenil en Andalucía, y a partir de ahí se realizará un seguimiento. Del mismo modo, se creará una página web para que funcione a modo de repositorio y se puedan consultar de manera pública los informes, con la lógica salvaguarda de los datos personales.

Además, el observatorio va a ver la luz cuando se cumplen 25 años de la aprobación de la la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que da mimbres a los jueces para aplicar medidas -es el término concreto en estos casos, pues aquí no se dictan condenas- o bien de régimen de internamiento o de utilización de recursos en medio abierto.

Esta última modalidad es la más extendida en los últimos años, y comprende tanto trabajos en beneficio de la comunidad como estancias en grupos de convivencia con educadores y otros muchachos en conflicto con la ley en los que el menor se enfrenta a una nueva realidad doméstica, aprende las reglas que ignora en su núcleo familiar y aprende a asumir responsabilidades.

Tienen también una extensión importante de trabajo con los padres, hermanos, abuelos... para entender cuál es el posible germen o motivación de esa violencia y que no se replique cuando se reanuden las relaciones cotidianas.

En lo que respecta a ese medio abierto, la Junta dispone de diecisiete grupos educativos y de ocho servicios integrales que controlan las medidas impuestas. A este respecto, se han suscrito convenios con más de dos centenares de ayuntamientos y entidades de las ocho provincias como receptores de esas tareas en beneficio de la comunidad impuestas por el juez.

Según datos de la Consejería, durante el primer semestre de 2024 -el último lapso actualizado-, 3.295 menores cumplieron las medidas en medio abierto, siendo 2.702 los de sexo masculino, frente a 861 que permanecieron en régimen de internamiento. En ese caso también se aprecia una clara descompensación entre chicos y chicas, siendo éstas sólo el 13 por ciento del total.

Hay una clara tendencia a optar por la fórmula que no rige privación de libertad, pues está demostrado que da mejores frutos. Obviamente dependerá del hecho juzgado, pues casos como el del citado crimen cordobés llevan aparejados, necesariamente, seis años de internamiento. Hablando de delitos, los de lesiones y contra el patrimonio (robos o hurtos) son los más habituales, seguidos de los delitos de torturas o contra la integridad moral.

Para cuando preceptiva la permanencia en una institución, Andalucía cuenta con más de 700 plazas distribuidas entre trece Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) -están pendientes de adjudicar uno más en Málaga-, si bien se ha registrado una caída del 50 por ciento de los menores que ingresan en este régimen durante la última década.

Tanto es así que si en 2014 fueron 914 los menores que iniciaron este itinerario de reinserción, en 2023 la cifra cayó a 593. Y la tendencia es análoga en la fórmula del medio abierto, con un salto de 3.833 a 2.572 en el mismo período de tiempo.

Sea como fuere, cada año son casi 4.000 los menores objeto de Justicia Juvenil, hasta el punto de sumar 41.300 en la referida década. Todos estos casos serán analizados en profundidad por el flamante Observatorio que se aprueba este martes en San Telmo y que verá la luz, si todo va según lo previsto, en un plazo de seis meses.