Andalucía invirtió más de mil millones de euros en el Servicio Andaluz de Salud durante el primer año de pandemia del coronavirus

Eso sí, también encuentra «salvedades», especialmente por lo escueto de la información que se aportó ante determinados requerimientos y sobre algunas actuaciones. De hecho, la Cámara de Cuentas incide en que deberían introducirse mejoras en lo que respecta a las contrataciones —para ganar en agilidad—, así como en la previsión y planificación de recursos y, en última instancia, tener un mayor control sobre los turnos de los efectivos sanitarios.

Eso sí, Cardenete no ha dudado en evitar cualquier crítica política: «No vengo a juzgar a ningún Ejecutivo, ni el actual ni el anterior. Solo traslado los datos recogidos por un cuerpo técnico independiente».

En ese sentido, la portavoz del PP María Beatriz Jurado Fernández de Córdoba aseguró que «todavía no hemos sido capaces de reflexionar sobre lo que vivimos. A veces el espíritu de superación nos hace olvidar momentos tan complicados» pero en los que la prioridad «era que los andaluces estuvieran atendidos».

Asimismo, Jurado incidió en que subyace «un problema estructural» en el apartado sanitario y, muy especialmente por la escasez de profesionales contratados, entre otras cuestiones por que «el Gobierno de España lo ignora». Desde el PP recalcan que la Junta está formando al personal para que sean capaces de afrontar otras crisis sanitarias venideras.

Por su parte, del concienzudo informe se extrae que la cuarta parte -281 millones- del gasto autonómico en el Servicio Andaluz de Salud durante aquel año fue para personal, siendo el grueso restante para diversas partidas en las que cubrir las necesidades de equipamiento, medicación, EPIs...

Dentro de ese cuarto presupuestario centrado en recursos humanos entrarían los contratos eventuales 'Covid', las bajas laborales y todas las medidas relativas a complementar las horas, como las ampliaciones de jornada o los refuerzos de las guardias, y también los incentivos y días adicionales.

Para los socialistas, sin embargo, los contratos de emergencia volvieron a ser el ariete contra el Gobierno de Juanma Moreno durante la sesión de ayer.

Su portavoz, Rafael Márquez, no dudó en vincularlos con las «irregularidades» a las que aludía Cardenete y en afear «la falta de planificación para determinar las necesidades reales de los centros» durante el «momento de extrema gravedad» que implicó la pandemia.

Por ello, criticó duramente que «no se remitiera documentación clave a la Cámara de Cuentas, obstaculizando su labor fiscalizadora». «Es tremendamente preocupante», añadió acerca de unos informes que «han puesto de manifiesto graves incumplimientos en materia de contratación, transparencia y fragmentación de contratos».

De otro lado, la representación del grupo parlamentario de Vox en la Comisión, con Rafael Segovia como portavoz, aprovechó para cuestionar la conclusión del informe relativa a la falta de profesionales pues «la gente tenía miedo de acudir a los hospitales», lo que provocó que la proporción habitual de 50-60 pacientes cayera a la tercera parte: «Las consultas se vinieron abajo».

Finalmente, y tras reconocer que los sanitarios «estuvieron desprotegidos» al inicio de la emergencia, desde la formación verde hicieron hincapié en ser «comprensivos con la acción de la Consejería». «Se hizo lo que se pudo, era imposible planificar», concluyó Segovia.