Andalucía se convierte en la primera comunidad con una Ley de Vivienda propia

Se trata de una nueva norma que apuesta por facilitar el acceso a la vivienda con un aumento de la oferta de viviendas protegidas y a precio accesible. Se articula sobre cuatro pilares: incrementar la oferta de VPO y la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de suelo, reducir la burocracia asociada a los proyectos residenciales y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para hacer frente a fenómenos como la ocupación.

Durante su debate la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que la vivienda es «un reto que debe unirnos a todos» y, por ello, ha subrayado el compromiso con el diálogo y la búsqueda de consensos para la Ley de Vivienda de Andalucía, que se ha mantenido hasta hoy, con la aceptación de enmiendas de todos los grupos parlamentarios. «Hoy Andalucía demuestra que el diálogo no es una debilidad, sino una fortaleza, que defiende el Gobierno de Juanma Moreno y que se llama la vía andaluza», ha dicho.

En ese sentido, ha recordado que se trata de la primera Ley de Vivienda de una comunidad autónoma tras la aprobación de la ley estatal y ha considerado que «es muy diferente», ya que «en el Gobierno andaluz hemos escuchado y hemos dialogado». En ese punto, ha agradecido también las aportaciones de todos los agentes sociales y económicos.

Ha citado la Mesa del Diálogo Social, los sindicatos, los colectivos sociales, los colegios profesionales, los ayuntamientos, las diputaciones y las entidades públicas y privadas que han permitido que el texto final «sea mejor» que el que se presentó al comienzo, porque «ha salido de la consulta y el diálogo».

La nueva norma refuerza las políticas iniciadas por el Gobierno andaluz desde 2019 y permitirá crear las mejores condiciones para darle un impulso a la oferta de vivienda protegida en venta y en alquiler. Además de las líneas recogidas en el Decreto-ley de medidas urgentes aprobadas en febrero, la crea la figura de las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. Asimismo, apuesta por la colaboración público- privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones), para sumar esfuerzos en el objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.

En ese sentido, se creará una comisión andaluza de colaboración público-privada para encontrar nuevas fórmulas que se sumen a iniciativas ya puestas en marcha como el sistema de permuta de suelo por vivienda o el desarrollo y urbanización de suelos.

También buscará el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. Asimismo, la ley optimizará la gestión del parque residencial, mediante la creación de un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos.

La ley pone el acento en la rehabilitación de viviendas, con iniciativas que van a permitir la reconstrucción de barriadas y medidas para la eliminación de la infravivienda bajo criterios y principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica. Igualmente, mejora la calidad y la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles.

También habrá un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables. Se contempla la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y la lucha contra la ocupación ilegal. La norma establece, dentro del marco de sus competencias, mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación.

La ley es además fruto de un amplio proceso de participación. Durante su elaboración, se han estudiado más de 600 alegaciones de cerca de medio centenar de entidades o ciudadanos particulares, aceptándose el 80% de ellas.

En el pleno de este martes también se ha aprobado la Ley de Espacios Productivos y pasaron el trámite del debate a la totalidad otra tresn normas: La Ley de Patrimonio Cultural, la Ley de Gestión Ambiental y la Ley de Montes.