Andalucía cierra el grifo a las nuevas licencias de VTC por «razones imperiosas de interés general»

El Gobierno andaluz atiende las conclusiones del estudio técnico sobre la gestión de la oferta de transporte en VTC, que apuntaba a un crecimiento descontrolado del número de solicitudes detectado en los primeros meses de 2025, que podría repercutir negativamente en la armonía del sector y afectar en su difícil relación con los taxistas, que han intensificado su presión sobre los gobiernos autonómicos y central para que ponga freno a las nuevas licencias de VTC, que utilizan plataformas como Uber, Cabify o Bolt.

A mediados del pasado mes de junio, el Gobierno andaluz aprobó un decreto-ley que suspendía temporalmente nuevas autorizaciones a la espera del resultado de un estudio que determinase nuevos criterios para su otorgamiento. Este informe, cuyo contenido se publica este martes en la página web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que dirige Rocío Díaz, justifica que no se concedan más autorizaciones fundamentalmente por tres razones.

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En primer lugar, rechazará las licencias para proteger el medio ambiente y la salud pública, ya que más autorizaciones supondrán más emisiones de partículas nocivas incluso en el caso de vehículos eléctricos. En segundo lugar, alega que las VTC ocasionan una mayor congestión de tráfico, porque se ha detectado un elevado porcentaje de trayectos sin pasajeros (35% de los kilómetros recorridos). Y, por último, la Junta cree que la demanda está cubierta con la actual flota de vehículos, con un tiempo de espera inferior a diez minutos.

Como consecuencia, la Administración andaluza ha resuelto no conceder más autorizaciones: ni las solicitudes que se presenten a partir de ahora ni las que se encontraban suspendidas con la aprobación del decreto-ley, que modifica la Ley 2/2003, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, de junio.

El objetivo final es velar por el equilibrio del servicio, proteger los derechos de los usuarios y lograr que VTC y taxis presten sus servicios de forma complementaria, alega la Junta.

La legislación estatal en vigor también vinculaba la autorizaciones a razones medioambientales. Se estableció un baremo que funcionó hasta este mismo año, donde se ha producido un incremento exponencial de las solicitudes de VTC con vehículo eléctrico. Desde el 1 de enero hasta mediados de abril se registraron cerca de 1.400 de estas solicitudes frente a las 3.700 autorizaciones vigentes actualmente en Andalucía. En el año y medio anterior sólo se habían pedido 23 licencias.

El Gobierno andaluz del PP lamenta que el Ejecutivo central se desentendió del problema y endosó la responsabilidad a las comunidades autónomas. En los últimos años, Andalucía ha emprendido medidas como la aprobación del decreto de modernización del taxi en 2021 y, un año después, en 2022, un decreto-ley para la regulación de los VTC para la convivencia pacífica entre los diferentes servicios.