Andalucía avisa: la cotización de los alumnos de FP impuesta por el Gobierno pone en riesgo muchas titulaciones

Los afectados, entre los que abundan las micropymes, autónomos o centros educativos, han contactado con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para quejarse de la yincana burocrática que deben afrontar para cumplir a marchas aceleradas la disposición quincuagésima segunda del Real Decreto-ley 2/2023, publicado el 16 de marzo. Los detalles trascendieron en una reunión informativa de la Comisión de Educación que el ministerio mantuvo el 5 de octubre pasado con las autonomías.

Dicha medida fue un compromiso adquirido con los sindicatos por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. De la noche a la mañana, las comunidades, empresas y universidades se encontraron el cambio de reglas publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La obligación se introdujo en un decreto ley que regula la segunda fase de la reforma de las pensiones, asunto que poco o nada tiene que ver con los alumnos en prácticas.

El Gobierno andaluz está «preocupado» ante la inminente aplicación de la ley. En estos términos se han manifestado la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo (PP), a la ministra del ramo, Pilar Alegría (PSOE), a través de una carta que le envió el pasado 16 de octubre en la que alertaba de que la medida adoptada puede provocar «un colapso» en el funcionamiento habitual de las prácticas de FP y otras actividades formativas, hasta el punto de «impedir que titulen muchos de nuestros alumnos».

La responsable andaluza secunda la estrategia de los consejeros de Educación de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y exige al Ministerio de Educación la convocatoria urgente de la conferencia sectorial para debatir de manera monográfica «este gravísimo problema» que, a su juicio, repercute en todo el alumnado que realiza prácticas formativas o prácticas académicas externas. Pide que en dicho encuentro estén presentes los ministerios de Universidades y de Seguridad Social.

En su misiva, facilitada a ABC, la consejera dibuja un escenario de incertidumbre para las más de 20.000 empresas que colaboran con la FP andaluza mediante la firma de convenios de prácticas. El Estado paga ahora el 100% de los gastos de cotización, pero en 2024 pasará a abonar el 95%. Del 5% restante tendrán que hacerse cargo las administraciones autonómicas o las empresas, sin ayuda del Estado. El problema no es tanto el coste asociado a la cotización obligatoria como la complejidad administrativa de su aplicación, admitida por la propia Tesorería General de la Seguridad Social en una reunión el 6 de octubre, como precisa la consejera.

La carrera de obstáculos se complica en una comunidad como Andalucía, que cuenta con una red de 750 centros educativos de FP y más de 160.000 alumnos, el 17% de los 936.000 matriculados en esta etapa en toda España. Un único estudiante puede llevar a cabo prácticas en hasta cuatro empresas distintas dependiendo de la formación y del módulo en el que esté matriculado.

La Junta de Andalucía no está en contra de la medida en el fondo, sino en las formas. «Defendemos que es importante disponer de una regulación que controle y evite las posibles malas prácticas que se pudieran producir en el entorno laboral», pero «tal y como se pretende implantar es contraproducente para el sistema de la FP y las prácticas académicas», señala Del Pozo, que califica la citada disposición como «un duro golpe» para la Formación Profesional.

Hasta ahora sólo se inscribían en la Seguridad Social los alumnos con prácticas remuneradas. Los becados en la modalidad dual sí están dados de alta y se encarga la empresa aunque la cotización está bonificada. Desde el próximo año lo harán todos, tanto si las prácticas son retribuidas como si no y tanto si son curriculares como extracurriculares.

De todos estos cambios dio cuenta el ministerio en una reunión informativa de la Comisión de Educación celebrada el 5 de octubre. Según relata la consejera en su carta, en dicho encuentro «se nos informó de que la decisión de la afiliación obligatoria del alumnado correspondía» al ministerio que dirige Escrivá. Por ello, lamenta tanto «la falta de información previa» a las comunidades como la «falta de coordinación» entre dos ministerios del mismo Gobierno.

La consejera se queja de que la medida «va en contra de la hoja de ruta que nos habíamos marcado entre todos para el impulso de la FP en España» a través de la modalidad dual, al amparo de la nueva ley aprobada este año. La afiliación obligatoria se pretende aplicar «con el curso ya empezado con los inconvenientes y la complejidad que eso supone para centros educativos, docentes y empresas». Todo ello después de probar la medida en Baleares y Valencia, donde la dimensión de la FP y el volumen de gestión no tienen punto de comparación con Andalucía.