Los andaluces recuperan en trece años 28,5 millones del caso ERE, una parte mínima del dinero público expoliado

El periodista que firma la noticia pidió el importe reintegrado de las ayudas distribuidas por la Junta de Andalucía entre empresas y entidades con cargo al fondo de los ERE. «Se informa de que la cuantía recuperada hasta la fecha es de 28.518.459,80 euros, sin perjuicio de las cantidades que se vayan recuperando a medida que se obtengan pronunciamientos favorables ante las distintas jurisdicciones ante las que se están ejercitando acciones», detalla la respuesta de Hacienda.

La cantidad que ha retornado a las arcas andaluzas representa un 6,2 por ciento de los 455 millones de euros que la Administración andaluza está reclamando en los distintos frentes abiertos para reponer parte del dinero público expoliado. El saldo es aún más exiguo en comparación con los casi 700 millones de euros que los letrados autonómicos han solicitado a los responsables políticos directos y empresarios beneficiados a través de los procedimientos que instruye el Tribunal de Cuentas por el perjuicio total causado a la Administración. La cuantía devuelta llega apenas al 4% del botín repartido en los ERE durante una década (2000-2009).

La Junta de Andalucía en la etapa del PSOE distribuía el dinero público entre empresas y entidades, muchas de ellas en la órbita del partido, al margen de cualquier procedimiento legal, sin que existieran unas bases reguladoras ni una convocatoria pública que permitiera a otras sociedades acceder a las ayudas en igualdad de condiciones, según el apartado de hechos probados que recoge la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre la pieza principal del caso ERE.

En esta resolución del 19 de noviembre de 2019 —confirmada por el Tribunal Supremo— fueron condenados a penas de inhabilitación y prisión los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros ex altos cargos. Dicho relato fáctico no ha sido invalidado ni siquiera por el Tribunal Constitucional (TC) tras anular parcialmente los castigos impuestos a diez acusados que alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales.

En la petición de información pública, amparada por la Ley de Transparencia de Andalucía, también se realizaba una consulta sobre el número de entidades a las que se había reclamado ayudas y las que habían reintegrado las mismas. Aunque la viceconsejería no alberga «la menor duda» de que lo solicitado «constituye inequívocamente información pública», no aporta datos al respecto y se limita a facilitar la cuantía recuperada sin abundar en más detalles.

Cinco años y medio después de los 1.821 folios de la primera sentencia que cayeron como una losa sobre los 37 años de hegemonía institucional del PSOE, la Junta —gobernada desde 2019 por el PP— explora tres vías para recuperar el dinero defraudado: la penal, la contable y la administrativa. La cuantía total reclamada por la Administración perjudicada, personada como acusación particular en la causa penal, asciende a 455 millones de euros.

El actual Gobierno andaluz del PP asegura que su determinación es que retorne a las arcas públicas todo lo que se había «robado con el dinero de los parados», según recalcó el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. Hará «lo posible y lo imposible» para recuperar «hasta el último céntimo defraudado», proclamó el responsable autonómico en una comparecencia el pasado 21 de noviembre en el Parlamento andaluz, donde dio cuenta del trabajo desarrollado para alcanzar esa meta.

A pesar de la voluntad expresada, los esfuerzos por seguir el rastro del botín de los ERE no se están teniendo la recompensa esperada al cabo de trece años. En agosto de 2022, una semana después de que el Supremo hiciese público el fallo que ratificaba las condenas a quince ex altos cargos socialistas de la Junta, diez de ellos por malversación, Antonio Sanz informó de que se habían recuperado 23 millones.

Dos años y medio después, la cifra es de 28,5 millones a pesar de que la Audiencia de Sevilla ha dictado, aparte de la rama principal, otras 21 sentencias relativas a piezas separadas de la macrocausa de los ERE centradas en sociedades y ayuntamientos beneficiados con las subvenciones. En algunas de estas resoluciones, empresarios acusados han pactado con la Fiscalía y otras partes la devolución a la Junta del importe de la ayuda irregular a cambio de librarse de cárcel.

El primer paso para la recuperación de una parte el dinero lo dio el Ejecutivo de Griñán en febrero de 2012 cuando anuló todas las ayudas directas a empresas entre 2000 y 2010 e inició el procedimiento de revisión de oficio de 65 millones de euros concedidos «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». El número de expedientes de reintegro aumentó posteriormente hasta los 233 por un montante total de 129,1 millones de euros.

Durante su comparecencia parlamentaria, el consejero de la Presidencia explicó que solo se ha podido reclamar en los diferentes procedimientos abiertos 455 millones, de manera que, evidentemente, «a esto le queda mucho». En las piezas en las que la Junta de Andalucía está personada ha solicitado la responsabilidad civil en 287,8 millones de euros, según precisó en noviembre. Aparte, ha presentado demandas por responsabilidad contable por importe de 53,2 millones de euros en las relativas a ayudas sociolaborales; 51,8 millones en las de ayudas a empresas, y 64,4 millones de euros en las que afectan a las sobrecomisiones.

Antonio Sanz consideró «atrevido cuantificar exactamente cuánto se va a recuperar» de los fondos malversados, aunque hay sentencias que «nos reconocen la devolución de ese dinero, pero que no son firmes». Faltan «más de cien piezas y que, por tanto, las reclamaciones las vamos derivando según van activándose», agregó.

La Junta de Andalucía está atrapada en un laberinto burocrático y judicial para recuperar la mayor parte del dinero distraído en los ERE. El correctivo que ha hecho el Tribunal Constitucional (TC) a la sentencia firme de la llamada pieza política del caso arroja más sombras y dudas sobre la posible reposición de los fondos al reducir el perímetro de la responsabilidad penal de los ex altos cargos condenados por el procedimiento específico de ayudas.

La decisión de los letrados de la Junta de Andalucía de no acusar a ningún político en el juicio de 2018 impidió que la Fiscalía Anticorrupción pudiera pedirles fianzas millonarias y maniató al resto de acusaciones para reclamar indemnizaciones cuando la Audiencia de Sevilla dicte la sentencia definitiva, ajustada a la nueva doctrina del TC.

El Gabinete Jurídico autonómico pidió el archivo del proceso con el argumento de que no hubo «trama criminal», ni se creó un procedimiento para repartir ayudas de forma caprichosa, a pesar de la ausencia de controles. Por esta maniobra, ningún condenado por el sistema de ayudas ha tenido que devolver un solo euro.