Los andaluces esperan dos años de media para que se valore su discapacidad

Un caso sangrante es el de un vecino de Cádiz de 91 años que ha tenido que esperar 30 meses para que se resuelva su expediente de movilidad reducida. Así consta en la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada tras la queja dirigida a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y hecha pública el pasado 24 de junio, que ha sido consultada por ABC. La queja fue presentada el pasado mes de mayo por la hija del nonagenario que había solicitado el reconocimiento de su grado de discapacidad en agosto de 2021 y que no obtuvo resolución a la misma hasta febrero de 2024. En la misma se le reconocía un grado de discapacidad del 80%. Sin embargo, en la citada resolución no se indicaba si contaba o no con la puntuación mínima exigida de movilidad reducida para poder solicitar la tarjeta de aparcamiento. Tampoco se acompañaba del dictamen propuesta, un documento imprescindible para poder solicitar diversas ayudas sociales.

La denunciante contactó con el Centro de Valoración y Orientación de Cádiz, desde donde le trasladaron que desde el 20 de abril de 2023, debido a diversos problemas del sistema, no se estaban pudiendo emitir dichos dictámenes y que intentase solicitarlo en unos meses. La delegación territorial argumentó la demora en la resolución en que el documento no se podía expedir por problemas derivados de la interoperabilidad con la aplicación del Imserso.

Esta realidad centró este martes una comisión en el Parlamento andaluz. Desde la Junta se asegura que el objetivo es agilizar los plazos en la valoración de la discapacidad que tantas quejas generan. Para ello, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, anunció la creación de 60 puestos de trabajo estructurales para los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía. Se trata, según explicó, de una de las medidas contempladas en la reforma emprendida a principios de año para mejorar la atención y servicio que se presta en dichos centros.

La consejera destacó los resultados que está arrojando esta reforma y, aunque reconoció que aún no se visualizan de forma generalizada, «sí han permitido una reducción notable», por ejemplo, en los tiempos de demora para la atención de menores. También defendió que ya se está «prácticamente al día» con las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Esta reforma estructural tiene como ejes, según abundó en dicha comisión parlamentaria, un incremento del personal, que se ha puesto de manifiesto con la creación de 60 puestos de trabajo, de los que apuntó ya se han cubierto 47 «en tiempo récord», una mejora del procedimiento y una apuesta por la innovación tecnológica. En cuanto a los puestos de trabajo, López reconoció la dificultad de incorporar médicos dado el déficit de facultativos. Agregó que se está priorizando la atención a menores y mayores de 75 años.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular presentó en dicha comisión una proposición no de ley para favorecer el acceso de las personas con movilidad reducida a la obtención del permiso de conducir en igualdad de condiciones. La propuesta tiene como finalidad que el Parlamento andaluz defienda la necesidad de que la Jefatura Central de Tráfico adquiera vehículos adaptados para su posterior cesión gratuita a autoescuelas para la formación de estas personas.