Los andaluces costean con 300.000 euros los abogados de ex altos cargos socialistas implicados en casos de corrupción

La cuantía global aparece en tres resoluciones que han emitido otros tantos organismos de la Junta de Andalucía en respuesta a una petición de acceso a información pública cursada por el periodista de ABC que firma esta noticia a través del portal andaluz de Transparencia.

Las facturas en minutas que ha asumido la Administración andaluza van desde 5.538 a 100.376 euros por ex alto cargo, según detallan los informes de la Junta. Este periódico solicitó la cuantía total y desglosada abonada a antiguos cargos públicos, directivos y personal autonómico para costear su defensa jurídica en las referidas causas penales, el importe reclamado y el finalmente desembolsado, así como los criterios que se han tenido en cuenta para financiar este gasto.

El pago o no de las minutas de los letrados no es una cuestión de voluntad política, sino una obligación recogida en el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico autonómico. Esta norma permite a las autoridades y funcionarios investigados contratar a un abogado y procurador de su elección cuando se produzca una incompatibilidad procesal y endosarle posteriormente la factura a la Administración andaluza. Esa incompatibilidad existe puesto que la Junta está personada como acusación particular y perjudicada en las causas que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, como la de los ERE.

Ex altos cargos encausados llevan más de una década pleiteando con la Junta para que les abone los abultados honorarios de sus abogados en dichos procedimientos penales. La Consejería de Empleo no se resigna y en otoño de 2023 anunció la presentación de recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, que le obligaban a pasar por caja.

En una sentencia dictada el 15 de septiembre de 2021, el TSJA reconoció el derecho de los implicados a que la Junta costease su defensa legal pero puso límites a la factura. Las tarifas que deben tomarse como referencia son los baremos que publica el Colegio de Abogados de Sevilla para las tasaciones de costas o la asistencia jurídica gratuita.

Se da la paradoja de que algunos de los implicados en procesos de corrupción no han sido absueltos y reclaman a las arcas públicas que asuman el coste de los abogados que los han defendido, a pesar de que su conducta negligente como gestores ocasionó un quebranto económico millonario a las arcas públicas.

Entre los que han pedido a la Junta de Andalucía que asuma este coste están las herederas de Francisco Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo fallecido el 11 de octubre de 2020; el exconsejero de Empleo José Antonio Viera; el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera; el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, así como el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y la ex secretaria general de Empleo Lourdes Medina. Tanto Gómez como Medina fueron absueltos de todos los cargos en la pieza política del caso ERE, tras una década de calvario judicial.

En la respuesta facilitada al redactor de ABC por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, con fecha del 16 de enero pasado, se informaba de que se había procedido al abono de la defensa jurídica y otros gastos por un importe total de 199.765,66 euros a cinco ex cargos públicos cuyos nombres no menciona para «proteger» sus datos personales. Es mucho menos de la cantidad que éstos habían reclamado, que sumaba 715.730,90 euros. Uno de ellos solicitó hasta 290.815,63 euros, de los que finalmente ha cobrado 94.298,20 euros. Otro ha cobrado 75.223,40 euros de los 155.727,22 que pidió a la Junta.

El departamento que dirige la consejera Carolina España aclara que se han abonado los honorarios tomando como referencia los criterios orientativos del Colegio de Abogados de Sevilla en materia de defensa jurídica, así como el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, que regula el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. Para librar el dinero público se han emitido órdenes de reconocimiento del derecho de defensa jurídica de los imputados, que cuentan además con el aval del Gabinete Jurídico autonómico.

A la Consejería de la Presidencia, por su parte, le reclamaron 104.290,26 euros en gastos de abogados de implicados en causas de corrupción, de los que ha abonado cero euros. Por último, la Dirección Gerencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía ha informado de que el importe total solicitado por este concepto asciende a 100.376,88 euros que ha costeado en su integridad. A su vez, precisa que «la cantidad recuperada» alcanza apenas los 62.527 euros.

Los antiguos cargos implicados en casos como el de los ERE consideran que las tarifas orientativas del Colegio de Abogados que el TSJA puso como referencia son insuficientes para financiar multitud de horas de trabajo, la redacción de recursos y la defensa en el juicio.

Solamente el proceso celebrado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra el «procedimiento específico» o pieza política del caso ERE, por el que fueron condenados en firme dos expresidentes del Ejecutivo andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, duró un año y quedó visto para sentencia después de 152 sesiones de vista oral. Su situación procesal dio un giro el pasado mes de julio cuando la mayoría progresista del Tribunal Constitucional anuló parcialmente las condenas por prevaricación y malversación impuestas a una decena de altos cargos. Sin embargo, la mayoría de las 136 piezas en las que actualmente está troceada la macrocausa de los ERE continúa viva en los tribunales. Hay una causa abierta por cada una de las empresas que recibió ayudas del Gobierno socialista al margen del procedimiento legal, sin ningún tipo de publicidad ni libre concurrencia, entre los años 2000 y 2010.

La defensa de Lourdes Medina, secretaria general técnica de la Consejería de Empleo entre 2008 y 2012, impugnó la decisión de la Junta de suspender 'sine die' el plazo máximo para resolver la solicitud de abono de sus honorarios en el caso ERE. Fue absuelta en este proceso y en el juicio de Umax, centrado en la red de enchufes creada en la Dirección de Trabajo de la Consejería de Empleo durante la etapa socialista.

La sala del TSJA estimó parcialmente su recurso. En una sentencia dictada el 26 de octubre de 2023, reconoció el derecho del abogado de Medina a que la Junta costeara la defensa legal pero cuestionaba que el criterio fuese el de los precios medios del mercado, como demandaba, en lugar de las tarifas aprobadas por el Colegio de Abogados. «Entendemos que dado que están en juego aquí intereses generales, cual el del adecuado manejo y disposición de fondos públicos, han de ponderarse todos los intereses en conflicto», argumentaron los magistrados en su resolución.