Economistas cargan contra el cupo catalán y proponen nivelar impuestos: «No se trata de sentarse a pedir una paguita al Estado»

El presidente de dicha asociación independiente de economistas, el catedrático Francisco Ferraro, apuntaba una tercera posibilidad y es que se «reduzcan los servicios» para pagar la independencia tributaria de Cataluña, que es lo que promueve el pacto político que ha permitido la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

En uno u otro caso, los expertos coinciden en que Andalucía, al igual que el resto de comunidades autónomas, saldría perjudicada por una propuesta que va más allá de una reforma de la financiación. «Es una enmienda a la totalidad del modelo actual del Estado» y, por tanto, requiere una modificación de la Constitución Española. Así lo cree el catedrático de Economía Aplicada e investigador de Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Diego Martínez, encargado de desgranar el informe. El documento también pone encima de la mesa un decálogo de propuestas para encauzar la reforma de la financiación autonómica en vísperas de la reunión que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, van a mantener en la Moncloa este viernes.

De entrada, Andalucía parte con desventaja por culpa del actual modelo de reparto de los fondos del Estado que entró en vigor en 2009 y que caducó en 2014, porque «diversos gobiernos de diferente signo político han sido incapaces» de modificarlo. El sistema se traduce en que Andalucía recibe 183 euros menos que la media de las autonomías en términos de financiación por habitante ajustado, que no coincide con su población real sino que se corrige aplicando otros criterios como la edad, la superficie o la dispersión geográfica.

Bajando al detalle del pacto catalán, al Observatorio Económico le parece «insostenible» a medio y largo plazo para el Estado e inaceptable su determinación «de manera bilateral» entre una región y el Gobierno para satisfacer una necesidad política. «La experiencia conocida sobre el concierto vasco o el convenio navarro pone de manifiesto la insolidaria relación que estas haciendas mantienen con la estatal y el resto de comunidades. Su réplica en el caso catalán supondría un considerable deterioro de la capacidad redistributiva del Estado», advierte el informe.

Diego Martínez, que fue secretario general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de María Jesús Montero, rebate, sin nombrarla, a su antigua jefa: «Es algo muy parecido a un concierto económico, no estamos ante una financiación singular» de Cataluña. «Cualquier reforma del sistema de financiación autonómica debe realizarse desde un plano multilateral y como proyecto integrador de país», plantea.

El pacto PSC-ERC da carta de naturaleza a la bilateralidad. La gestión y recaudación de todos los impuestos correrían a cargo de la Agencia Tributaria de Cataluña que luego «realizaría una aportación» al Estado por el coste de los servicios que presta allí y otra por concretar en concepto de solidaridad. Desde estas coordinadas, el acuerdo «no es el fin del 'procés', como se argumenta [desde el Gobierno], sino más bien la aceptación de algunas de las hipótesis de partida», como el «injustificado maltrato fiscal», señala.

Dos apuntes más del informe. Primero, los economistas apuestan porque sean «las personas, y no los territorios, los sujetos y objetos de la redistribución» de los fondos para garantizar la equidad. En segundo lugar, promueve «una nivelación completa de las capacidades fiscales de todas las comunidades para prestar un mismo nivel de servicios». Eso «no va en contra de la autonomía tributaria y no es sentarse con el Gobierno para recibir la 'paguita' como Ejecutivo autonómico», explica Diego Martínez.

Desde la citada asociación independiente también califican de «errática» la política fiscal del Gobierno de Moreno. Cuestionan que haya aumentado el gasto hasta un 13,9% en el año 2023 al tiempo que promueve bajadas de impuestos que hacen que tenga una tasa de crecimiento de ingresos tributarios por debajo de la media española. El Observatorio considera «incongruente» que la Junta se queje reiteradamente de sus dificultades de financiación al tiempo que promueve rebajas fiscales que «afectan negativamente a la recaudación». Insta al Gobierno andaluz a desarrollar una política fiscal sostenible y mejoras de gestión pública, «sin perjuicio de una legítima reclamación de reforma del sistema de financiación». «Se está gastando más que nunca en sanidad y educación» pero ese incremento «no se refleja en resultados», a la vista de las quejas que tienen los ciudadanos sobre su funcionamiento, advierte.