Un ex alto cargo del PSOE absuelto en el caso ERE entra en la prisión por los enchufes de los amigos de Javier Guerrero en la Junta de Andalucía

El ex responsable de Empleo lleva tres meses cumpliendo esta condena en la prisión de Sevilla I. Según una sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada en gran parte por el Supremo, participó en la creación de «una estructura paralela de personal» en la Dirección de Trabajo de la Consejería de Empleo bajo los gobiernos socialistas. Para ello los jefes políticos de Aguado utilizaron como pantalla a la empresa Umax Informática y Consultoría SL, cuyo dueño, Ulpiano Cuadrado, también está interno en la prisión de Sevilla I tras ser condenado por el Supremo a cinco años y nueve meses.

De forma ilegal se contrataron «al menos 44 trabajadores», algunos de ellos «relacionados por vínculos de vecindad y amistad», principalmente, con el ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que también fue condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla en mayo de 2019, meses antes de fallecer a causa de una neumonía. Para darle una cobertura formal a los enchufes, se simularon contratos menores, negociados sin publicidad y facturas que reflejaban servicios no prestados. En el contrato se pactó el pago de unas retribuciones que incluían un porcentaje en beneficio de la empresa y en perjuicio de la Administración autonómica, según la sentencia.

Las nóminas de los trabajadores de Umax cedidos ilegalmente a la Consejería de Empleo y a las delegaciones provinciales desde 2003 a 2010 costaron 2.445.545,80 euros, que fue el quebranto causado a las arcas públicas.

El tribunal sevillano impuso a Aguado una condena cinco años y tres meses de cárcel y nueve años de inhabilitación absoluta, pero el Supremo la rebajó a cuatro años y medio de prisión tras estimar parcialmente su recurso de casación. Lo llamativo es que el Alto Tribunal sí absolvió a la otra secretaria general técnica de Empleo acusada, Lourdes Medina, y al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, que tuvieron relación con el caso en los dos últimos años.

Tras la muerte de Guerrero, cuya defunción supuso la extinción de su responsabilidad penal, los únicos ex altos cargos que están cumpliendo la pena de privación de libertad son Juan Márquez Contreras, quien sucedió a Guerrero al frente de la Dirección de Trabajo, y Aguado Hinojal.

Pese a lo elevado de la pena, este ex secretario general técnico jugó un papel secundario en esta trama de corrupción. Su delito fue firmar los contratos falsos de prestación de servicios de informática que Guerrero «concertaba verbalmente» con el dueño de Umax, empresa que dio nombre al caso.

Según el relato de hechos probados recogido en la sentencia, el exdirector de Trabajo indicaba a Ulpiano Cuadrado a qué personas había que contratar para que prestaran sus servicios en exclusiva en distintas sedes de la Consejería de Empleo. También determinó que se les abonaran las mismas cantidades que el empresario pagaba a sus empleados «más las cuotas de Seguridad Social, IVA y un porcentaje que nunca sería inferior al 20% como beneficio empresarial». Dichas condiciones ocasionaron «un perjuicio para la Administración, que no habría necesitado pagar estos últimos conceptos de haber realizado su contratación por los cauces legales».

En 2007 entró en escena la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, la conocida Faffe, que está siendo investigada por otros 85 enchufes de allegados al PSOE. Ese año «se abandonó el sistema de abono a Umax y otras vinculadas a través de los contratos menores y procedimientos negociados sin publicidad» para «ser sufragadas las nuevas facturas que se iban generando, igualmente mediante conceptos falsos, por la Faffe».

A través de la fundación era más fácil la contratación y el pago, ya que esta entidad pública se financiaba a través de subvenciones de la Consejería de Empleo para dar cursos de formación a parados y trabajadores.