Seis procesados por dañar el yacimiento del Chuche en Almería al ejecutar una obra de Carreteras

El auto que dicta procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que las declaraciones practicadas, el informe pericial y los demás documentos aportados a la causa indican que los hechos «acreditados de forma indiciaria» podrían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico y da traslado al Ministerio Fiscal para que acuse o pida el sobreseimiento.

La jueza María Belén López precisa en su resolución que, entre los días 17 y 20 de febrero de 2017, la Unidad de Carreteras del Estado del Ministerio de Fomento en Almería llevó a cabo obras de conservación y mantenimiento en la N-340, en concreto, entre los puntos kilométricos 450 al 451, en el término municipal de Benahadux.

Detalla que los trabajos supusieron el allanamiento del terreno y el aporte de tierras a otras zonas hasta crear un talud que, según remarca, «invadió una parte» del yacimiento arqueológico de El Chuche, considerado Bien de Interés Cultural (BIC) y también hizo «desaparecer los hitos de señalización y delimitación de la zona arqueológica».

El auto subraya que las obras hicieron, asimismo, desaparecer los «restos de una necrópolis» que se encontraba sobre un talud del antiguo trazado de la carretera, por lo que, de acuerdo a la tasación pericial, los perjuicios ascienden a 30.429 euros.

La jueza reprocha a los seis procesados, como responsables de estos trabajos de mantenimiento, que « no comunicasen a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, tal y como era preceptivo, las obras que se iban a llevar a cabo en ese lugar y cuya realización afectaba al yacimiento arqueológico o a su entorno y que tampoco se consultara por su parte cuál era el planeamiento urbanístico de Benahadux».

Los imputados son un jefe de Sección Técnica de la Unidad de Carreteras del Estado en Almería, el jefe de conservación de carreteras y el encargado de conservación de carreteras, ambos de la UTE Almería, los dos maquinistas de la contrata que llevaron a cabo materialmente los trabajos de mantenimiento en la N-340a y el representante legal de esta mercantil.

La jueza María Belén López requirió a la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía que nombrase un experto en arqueología para elaborar la pericial necesaria para hacer avanzar el procedimiento acerca de los vestigios que podrían haber resultado afectados y el alcance de la citada afección.

En hasta tres ocasiones repitió su petición de un experto para que procediese a realizar un estudio arqueológico «independiente, objetivo e imparcial», una diligencia clave encaminada a determinar si hubo daños al yacimiento arqueológico con vestigios datados en más de 5.000 años de antigüedad durante los trabajos de desmonte ejecutados por la Dirección General de Carreteras en la N-340.

Entre las actuaciones incorporadas al procedimiento figuran un escrito del Ayuntamiento de Benahadux que señala que la Demarcación Provincial de Carreteras del Estado no solicitó licencia de obra o similar previa a los desmontes y que las dos parcelas sobre las que se hizo movimientos de tierra tiene especial protección por su carácter de yacimiento arqueológico excepto en el extremo oeste y en el sur, donde esta considerada monte público.

La Junta de Andalucía también informó al juzgado instructor de que existían «hitos de señalización en el área sobre la que se realizaron los vertidos de tierra dentro de la zona arqueológica» y remarcaba que no le constaba , una vez consultados los archivos de la Delegación Territorial, ni una solicitud de autorización ni comunicación por escrito para realizar las actuaciones en la zona ni proyecto de actuación en dicho ámbito.

No entraba, sin embargo, a valorar el alcance de «los daños ocasionados» a la zona arqueológica al haberse detectado deficiencias en el informe que presentó el director de la actividad en la Delegación Territorial.

Por este motivo, el juzgado acordó nombrar un perito judicial experto en arqueología para que procediese a realizar un estudio arqueológico independiente, objetivo e imparcial sobre los daños.

Fue la asociación Amigos de la Alcazaba la que puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público, que resolvió interponer denuncia al considerar que podrían ser constitutivos de un presunto delito contra el patrimonio histórico, denuncia que ha dado lugar a la apertura de la vía penal para depurar posibles responsabilidades.

Según las estimaciones iniciales del colectivo conservacionista, los trabajos habrían afectado al menos a una tumba tipo Millares de la Edad del Cobr e, excavada entre 1971 y 1972 por los investigadores Ochotorena, Perceval y Francisco García 'Pituco' y cuyos materiales arqueológicos guarda el Museo Arqueológico de Almería.

En declaraciones a Europa Press, Francisco Verdegay, de la directiva del colectivo, ha valorado la resolución judicial que llega tras cuatro de instrucción y ha saludado que se vayan a «aclarar y depurar responsabilidades por unos hechos que siempre hemos considerado muy graves por estar involucrada una administración».

«Fue un atentado indiscutible contra el patrimonio histórico, contra un yacimiento que ha sido objeto de debate en el Parlamento andaluz por sus 5.000 años de historia y que está declarado Bien de Interés Cultural», ha remarcado Verdegay, quien ha lamentado que, tal y como detalla la jueza, «se produjeran los daños de esta manera, sin ningún miramiento».