El padre del niño asfixiado por su madre en Almería: «Sergio tenía mucho miedo»

«Nunca pensé que iba hacer lo que ha hecho, pero más miedo que tenía el niño, imposible », ha dicho en rueda de prensa en Alcolea (Almería) Sergio Fernández, quien ha lamentado que el caso de su hijo haya sido «un papel, un número, un turno» pese a las «más de diez denuncias» presentadas desde junio por la situación que estaba viviendo el pequeño.

Fernández ha comparecido junto a su abogada, Josefa Castillo, quien ha remarcado que «el único» que ha actuado «desde un primer momento, poniendo denuncias y yendo a los Servicios Sociales y a Protección del Menor ha sido el padre» y ha subrayado el hecho de que no se «cortase de raíz» cuando estaba de por medio un menor para cuya protección «se exigía la toma de medidas rápidas» .

« Se trata de una muerte de un niño de siete años a manos de su madre y no podemos olvidar que el padre siempre ha intentado proteger por todos medios a su hijo», ha remarcado Castillo, quien ha demandado que se actúe con «rapidez y eficacia cuando se trata de un menor» por parte de «todos servicios que existen y que están ahí para esa protección de los menores» .

Sergio Fernández ha recordado los dos mensajes de voz a través de la aplicación de mensajería Whatsapp que el niño de siete años envió a su abuela materna con apenas dos horas de diferencia el día 23 de septiembre, que dieron lugar a una nueva denuncia ante la Guardia Civil de Huércal de Almería y en los que «decía en uno que su madre le estaba pegando y en el otro que avisara a papá que le estaba haciendo daño», según ha precisado, esta vez roto por el dolor que ha podido contener en la comparecencia.

Ha dicho que A.M.B.L., de 38 años y en prisión provisional como presunta autora del asesinato, «era muy consciente de cuando hacía daño al menor» , en alusión a cuando la Guardia Civil acudía a sus requerimientos y que se aprovechaba del régimen de visitas regulado por sentencia firme.

«Cuando se denuncia, ante la Guardia Civil o ante el juzgado de guardia, máxime con un menor, que menos que se investigue», ha espetado Fernández, quien también ha asegurado el sistema de protección de menores de la Junta andaluza «no sirve para nada». «Menores también se inhibió porque el niño no estaba en desamparo, porque tenía un padre pero ¿para qué? Para poner una denuncia y tener que quedarme al margen, sin poder hacer nada», ha añadido.

El padre del pequeño de siete años, quien ha hecho alusión a la situación de «acoso» que vivía por parte presuntamente de su exmujer desde que se formalizó la separación para remarcar «que eso lo estaba viviendo yo con 42 años pero mi hijo con siete años», ha criticado también la actuación de los servicios sociales.

«El mismo día que lo mató, el día 10 por la mañana, fui a preguntar por el estado del informe que se les había encargado en junio a raíz de una actuación de la Guardia Civil sobre cómo estaba mi hijo, sin ir al colegio, sin alimentarse bien, sin atención por parte de su madre, y no había nada. Se dedicaron a darme capotazos y a decirme que tenían casos más graves que el mío », ha afirmado.

Ha trasladado, en esta línea, la «tremenda impotencia» que ha sufrido en los últimos meses porque cuando iba a denunciar a A.M.B.L. me decían que con la «denuncia que me habían puesto por malos tratos, de la que fui absuelto, tenía que guardarme porque ella podía denunciarme a mi y si lo hacía , dormía en el cuartel y no le servía de nada a mi hijo».

Sobre el estado mental de la presunta asesina, la abogada ha indicado que en la vista para la modificación de la guardia y custodia ante el Juzgado de Violencia de la Mujer , celebrada el día 4 de octubre, ella «supo en todo momento lo que quería, supo pedirlo, habló y razonó de manera normal e, incluso, manifestó que ella estaba perfectamente ».

«No tenemos noticia de ningún tipo de enfermedad ni conocimiento de que ella haya tenido algún tipo de enfermedad mental», ha afirmado tajante si bien consta el pasado mes de julio un internamiento involuntario en Salud Mental dictado por el Juzgado de Primera Instancia 8 de Almería. «Nosotros desconocemos esta intervención porque nos topamos con el problema de la Ley de Protección de Datos», ha precisado.