Una juez pide que declaren Carmen Crespo, consejera de Agricultura, y otras 19 personas en el caso Hispano Almería

La sorpresa es que en el auto, dictado el pasado día 21, se cita a Carmen Crespo, actual consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, para que declare el día 8 de abril, porque era presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense cuando se firmó un convenio con la Consejería de Turismo para un plan de acción en esta comarca. Uno de los proyectos recogidos en el citado plan era la construcción del Museo de la Agricultura en el pueblo de La Mojonera , cuyos concejales del PP están citados a declarar.

La juez investiga la adjudicación de las obras a Hispana Almería. La presidencia de la asociación era rotatoria entre alcaldes de la comarca y Crespo la ocupó cuando era la alcaldesa de la localidad almeriense de Adra, cargo que dejó en 2011, cuando fue nombrada delegada del Gobierno de Mariano Rajoy en Andalucía.

Fuentes cercanas a Crespo aseguran que la política almeriense va a recurrir el auto porque cuando el Ayuntamiento de La Mojonera adjudicó la obra a la citada contrata, Crespo ya había dejado de ser alcaldesa de Adra y presidenta de la asociación, por lo que no pudo tener conocimiento de ello ni responsabilidad alguna en lo que se investiga. La responsabilidad sobre la adjudicación y la construcción del Museo era del Ayuntamiento de La Mojonera y la de fiscalización, de la Junta de Andalucía, que cofinanciaba el proyecto, alegan. La consejera está «tranquila» ante este asunto porque siempre actuó «conforme a la ley y al procedimiento», añaden estas fuentes.

Además, hay un problema de forma. Una juez ordinaria no tiene competencias para investigarla porque como parlamentaria andaluza por Almería, Carmen Crespo está aforada. La imputación formal no se puede hacer sin pedirse el suplicatorio al Parlamento a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es la instancia facultada para investigar a cargos que gozan del fuero parlamentario.

Cinco de los citados estaban imputados cuando la causa se inició en el año 2014 a raíz de una denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia , a la que luego siguió una querella de concejales del PSOE. Finalmente, las diligencias abiertas en un juzgado de El Ejido recalaron en el juzgado almeriense.