La declaración de los padres de Gabriel Cruz se hará a puerta cerrada

Así consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que la magistrada alude a un informe del Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía (SAVA) y un escrito de los letrados de Ángel Cruz y Patricia Ramírez en el que se solicita la celebración de las nueve sesiones del juicio a puerta cerrada.

Sobre el informe del SAVA, Dodero apunta que pone de manifiesto que «tras la victimizacion secundaria de Patricia y de Ángel, entre otras causas, por el uso desmedido de la mediatizacion del caso, se ha generado un estado crónico de temor al daño psicológico irreparable en la familia».

Incide en el perjuicio que podría provocar que el juicio sea publico y grabado y generar «una profusión de programas, noticias e impactos que darían lugar a un contexto tan terrible como innecesario de evocación del trauma».

«Esta victimizacion secundaria sufrida, se vera sin duda agravada si se hacen públicos detalles de la autopsia, los contenidos de los informes psiquiátricos y psicológicos o los detalles acerca de como se produjo la muerte del menor», precisa el SAVA.

Asimismo, dicho servicio sostiene que existen detalles de la autopsia que los familiares desconocen, recomendando que todas las sesiones se celebren a puerta cerrada, si bien la magistrada afirma que de «modo alguno» puede acoger el tribunal esta petición.

«Como se ha dicho el juicio es oral y publico bajo sanción de nulidad, salvo ciertas excepciones que no justifican el secreto absoluto que se pretende», dice la magistrada, quien apostilla que «el hecho de que se celebre a puerta cerrada, no evitara que se deje de hablar y tratar el triste suceso, que ya desde el principio tuvo una gran trascendencia mediática ya de forma voluntaria ya involuntaria». En este sentido, la magistrada sí acepta la segunda recomendación del SAVA para que se celebren a puerta cerrada las declaraciones de los padres del niño, su abuela y una prima menor de edad.

También adopta esta medida para la totalidad del día 16 de septiembre, cuando se llevarán a cabo las periciales médicas y forenses.

Por otro lado, la Policía Nacional ha informado a Efe de que alrededor de 40 agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Almería llevarán a cabo de forma exclusiva las labores de seguridad en el perímetro e interior de la Audiencia Provincial durante las nueve jornadas del juicio.

Las fuentes consultadas han explicado que de forma previa a cada sesión una patrulla acudirá al centro penitenciario El Acebuche de Almería y a la Audiencia Provincial para comprobar que no existe riesgo y advertir a los posibles manifestantes de que podrán permanecer allí mientras no vayan contra el orden público.

Asimismo, además de los dos agentes que habitualmente escoltan a los acusados durante las sesiones, habrá más policías dentro de la sala de vistas durante el juicio, y se garantizará tanto la seguridad de la acusada, como de los familiares, testigos y miembros del jurado, encargándose de la vigilancia y control de éstos últimos durante su deliberación.