El caso Gabriel Cruz será juzgado como asesinato por un jurado popular

Entre las diligencias practicadas se encuentran los informes en relación a la autopsia , las escuchas policiales, los informes toxicológicos y otras pruebas encaminadas a esclarecer este crimen. Soriano ordenó el ingreso en prisión de Quezada a la que acusa de «afixiar al menor con sus propias manos».

En el auto inicial el juez manifestaba que «resultaba incuestionable» su participación en la muerte del menor, ya que en las pruebas recopiladas «se desprende una malvada voluntad dirigida a asegurar la comisión del crimen». En las actuaciones judiciales se concluye que el 27 de febrero Ana Julia «aprovechó un momento temporal en el que sabía que estaría a solas con el niño, y que la abuela paterna no lo iba a controlar» para trasladarlo hasta la finca familiar en Rodalquilar, donde «lo mató y enterró».

El 11 de marzo, para hacer desaparecer el cuerpo y «aprovechando que se había quedado sola», volvió al lugar del crimen para «desenterrar el cuerpo del menor e introducirlo en su vehículo». Tenía intención, según el auto de prisión de «dejar el cadáver en un invernadero», aunque fue detenida en la puerta de la vivienda que compartía con el padre de Gabriel en Puebla de Vícar, transportando en su maletero al pequeño ya fallecido.

Los padres del menor están a la espera de recibir la autorización del juez para poder incinerarlo. Una petición que aún no se ha autorizado por parte del juzgado y que podría aprobarse en los próximos días, tras la llegada de las pruebas finales de la autopsia. La negativa de Soriano se debe a la necesidad de salvaguardar el cuerpo del pequeño por si «fuera necesario recoger más pruebas» para determinar con exactitud todos los detalles del suceso.

El levantamiento del secreto del sumario se esgrimió por la defensa de Quezada como clave para que vuelva a declarar ante el juez.