Una asociación de discapacitados paraliza la adjudicación de los comedores escolares

El tribunal argumenta en su resolución que, «a efectos de la tutela cautelar» y «sin perjuicio del ulterior análisis de fondo de los motivos del recurso», la suspensión de la licitación del servicio, «es el mejor remedio para asegurar la eficacia de la resolución del recurso en caso de una eventual estimación del mismo».

Se da la circunstancia de que la medida no habría sido tan drástica si el contrato se hubiera redactado de otra manera . El licitador dividió la gestión del servicio en 129 lotes, de los que «El Saliente» tan sólo concurre a uno. El tribunal ha considerado, a raíz del análisis del contrato, que e l procedimiento del licitación «es único» y por tanto «no es posible su tramitación separada en función de los distintos lotes en los que se haya fraccionado el objeto del contrato», por lo que la medida cautelar afecta al procedimiento «como un todo unitario, sin posibilidad de distinguir entre lotes».

Con esta contundencia los miembros del tribunal dan respuesta a la batería de alegaciones planteadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación , que mostró su «oposición» a la adopción de esta medida cautelar, ya que la concesión de este servicio «implica una atención diaria a 59.165 usuarios en los 551 centros docentes, siendo que de la totalidad de usuarios atendidos, un 13,4 por ciento se encuentran bonificados al cien por cien en el precio público» al estar en situación de «extrema necesidad y en el entorno de los umbrales de pobreza» .

En las alegaciones presentas por la Junta se hacía hincapié en que la suspensión del procedimiento «conllevaría necesariamente la paralización de esta cobertura básica para la población señalada» y tendría una «repercusión directa sobre las personas que actualmente son beneficiarias del servicio público», así como a las familias afectadas para las que el servicio de comedor «se ha convertido en un mecanismo imprescindible para facilitar la compatibilidad y el cuidado de los hijos».

A pesar de ello, e l tribunal, consciente de la alarma social y de la preocupación entre la comunidad educativa que puede generar esta medida cautelar, alude a la «brevedad» de los plazos previstos para la resolución del presente recurso, lo que «ya supone de partida un menor riesgo o perjuicio para el interés público que demanda la adjudicación y f ormalización del contrato de que se trate», sentido en el que además rechaza la petición de garantía efectuada por el órgano andaluz, que exigía una caución equivalente al 5% del presupuesto de licitación del lote recurrido, esto es, 31.131,12 euros.