Medio ambiente
El recorte del trasvase Tajo-Segura, un «hachazo» que reduce a la mitad el agua para el regadío en Almería
Los gobiernos de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana se unen para que el Gobierno rectifique esta «propuesta-imposición» marcada por la «falta de transparencia y de colaboración»
Los regantes entienden que detrás de las nuevas normas se esconde el deseo del PSOE de agradar a Emilio García-Page, única oposición interna a Pedro Sánchez
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Malas noticias para el campo andaluz que casi han pasado desapercibidas por la vorágine En pleno shock aún por el apagón eléctrico del lunes, al día siguiente se dio a conocer el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). En él se recogen nuevos recortes al trasvase Tajo-Segura, con un cambio de las reglas de explotación.
Esto supone un impacto intenso en Andalucía, especialmente en la provincia de Almería, ya que el sector agrario es el más perjudicado con estas reglas. El recorte ha provocado indignación tanto en la comunidad andaluza como en Valencia y Murcia, que no entienden esta posición más que como un favor a la administración de Castilla-La Mancha, donde también gobierna el PSOE.
«Desde la Junta lamentamos la reducción de los nuevos volúmenes de trasvase autorizados por el Gobierno de España que vienen a reducir prácticamente a la mitad el agua para regadío procedente del trasvase en Almería», apuntan fuentes de la Consejería del Agua.
Debido a la sequía, han ido estableciendo una reducción anual de este agua trasvasada hacia otros territorios nacionales. Pero desde las tres comunidades afectadas consideraban que, después de las intensas tormentas de estos últimos meses y la recuperación de los pantanos, el Gobierno reconsideraría su postura. «Máxime cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía (en Guadalajara) están al 63,34% de capacidad (máximo histórico)», destacan desde la Junta.
«Con esta nueva propuesta-imposición, los regadíos almerienses pierden 7,5 hectómetros cúbicos anuales que la Junta de Andalucía reclamará de otras fuentes al Ministerio con el objetivo de que el agua necesaria llegue al campo almeriense», informan desde la Consejería que lidera Ramón Fernández-Pacheco.
Con este cambio de regla, se eleva el umbral de la situación de Nivel 1 de los pantanos de cabecera hasta los 1.600 hectómetros cúbicos, 300 hectómetros cúbicos más que en la actualidad, lo que aleja más la situación que permite transferencias de hasta 60 hectómetros mensuales durante un trimestre. Prácticamente, un recorte del 40%.
Aunque la Junta no ha querido ser tan beligerante, tanto el Gobierno valenciano de Carlos Mazón como el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura aseguran que se trata de una decisión meramente política. Una maniobra para contentar a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y única oposición interna en el PSOE de Pedro Sánchez.
También aseguran que estas nuevas medidas son «dictadas» por la exministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Teresa Ribera, actual vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea. Las críticas se redirigen al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que no ha sabido defender los intereses del campo almeriense, murciano y levantino.
«Es un ataque a nuestra forma de vida», asevera Carlos Mazón. «No se puede gobernar el agua desde un despacho en Moncloa sin escuchar a quienes producen alimentos para toda Europa». Espera que «los diputados socialistas o de izquierdas que tengan que estar en el Congreso de los Diputados no tengan la poca vergüenza de votar a favor de semejante tropelía».
Falta de transparencia y de colaboración
La Junta también ha transmitido su profundo malestar porque ni se ha presentado con antelación el informe, se han enterado a través de la prensa y no han incluido ninguna de sus propuestas. «Nos ha impedido analizar la nueva regla de explotación de forma previa a la reunión».
Lamenta que «sí haya llegado antes a los medios de comunicación que a los integrantes de la comisión y así se lo hemos hecho saber a la directora general de Agua. Ponemos de manifiesto la falta de transparencia y de colaboración con las CCAA (Valencia, Murcia y Andalucía) en la redacción del informe, lamentando que no se haya cumplido con el ofrecimiento de Teresa Ribera, que aseguró que contaría con las tres administraciones».
El Real Decreto se presentará la próxima semana y «regulará la nueva norma de explotación con los niveles hoy presentados y que, como digo, vienen a dar un hachazo de hasta la mitad en lo que recibe Andalucía».
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