TRIBUNALES
Prostituyendo a su hermana pequeña: la red de trata en Almería que salpica a la Policía Local
Una joven de 21 años explotaba a chicas de entre 13 y 16 años a través de portales de internet y aplicaciones de mensajería con prácticas sadomasoquistas
Un mando de la Policía Local de Almería, procesado por prostitución y corrupción de menores
R. Pérez
Almería
«Se ofrece chica fetichista para prácticas sadomasoquistas». Con este anuncio una joven de 21 años de Huércal de Almería comenzó a urdir una red de prostitución de menores, entre ellas su hermana.
Desde 2019 hasta 2020 mantuvo esta trama de explotación sexual ... en la que están implicados diez adultos, dos de ellos agentes de la Policía Local, uno un mando de Almería y otro de Adra. El negocio se valía de una web de contactos a través de la que concertaba las citas y el precio del servicio con los clientes.
La proxeneta ofrecía los servicios sexuales de su propia hermana, las amigas de esta y el novio de una de ellas que estudiaban en el mismo instituto. Las cuatro chicas tenían entre 13 y 16 años, accedían a cambio de dinero, aunque más de la mitad de lo recaudado se lo llevaba la cabecilla.
Para no alertar en sus domicilios, las niñas argumentaban a sus familias que bajaban a tirar la basura y otro tipo de excusas para poder ausentarse durante unas horas. En descampados, junto a polígonos industriales o incluso en los propios vehículos de los clientes mantenían los encuentros.
Algunas chicas tenían ya clientes que se convirtieron en fijos, incluso iban a sus viviendas, les demandaban servicios hasta tres veces en semana. Percibían entre 20 y 100 euros, siempre en metálico.
Escupir, darles un guantazo, y otro tipo de humillaciones eran algunos de las prácticas que realizaban. Alguna vez, una de ellas mantuvo relaciones sexuales con su novio mientras que el cliente observaba, tal y como le había solicitado.
Desde Huércal de Almería a El Ejido, Adra, Viator y la capital llegaban las peticiones de hombres. Solo en algunas ocasiones las rechazaron cuando se dieron cuenta que eran menores de edad, a otros poco les importó.
El confinamiento decretado en marzo de 2020 no frenó la explotación sexual de las menores. La proxeneta desplazaba con su propio vehículo a las niñas al lugar requerido por los clientes. Durante una de las citas, cerca de un merendero, en un lugar solitario, la Guardia Civil sancionó a una de las chicas y a su acompañante por saltarse las normas del decreto del estado de alarma.
El mando de la Policía Local de Almería, que está siendo procesado, se puso en contacto con la Benemérita para interesarse por la multa. La sanción no llegó a tramitarse, según la información del sumario de la investigación.
Este agente se había relacionado anteriormente vía Skype con la supuesta proxeneta, se hizo pasar por agente de la Guardia Civil para obtener servicios sexuales. Solicitaba a dos de las menores que se ofertaban a través de web de contactos.
El policía local de Adra llegó incluso a utilizar el coche patrulla para trasladar a una de las menores. Se servía de su autoridad para poder acceder al interior de la biblioteca municipal, allí cometía los abusos a la chica.
No fue hasta junio de 2020 cuando la madre de una de las menores alertó a la Benemérita de los mensajes sospechosos que había encontrado en el teléfono de su hija. Comunicaciones que advertían de un comportamiento extraño y que dieron lugar a la Operación Terciaria de la Guardia Civil.
Las diligencias, junto con los detenidos, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería. La jueza Clara Eugenia Hernández ha dictado auto de procesamiento que confirma que la joven de 21 años gestionaba la trama de explotación de menores.
En la resolución judicial se imputan delitos de prostitución y corrupción de menores a un total de diez personas. Principalmente para prácticas fetichistas y otro tipo de parafilias, a veces solos y otras en grupo.
La juez ha decidido mantener la libertad provisional de los procesados con obligación de comparecer los días señalados. Tampoco podrán aproximarse a menos de 500 metros de las víctimas, sus domicilios, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentren hasta que se resuelva el procedimiento.
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