Nuevo aviso al Gobierno con Palomares: la Audiencia Nacional estudia ordenar la limpieza de los suelos contaminados

En una providencia dictada este jueves, consultada por Europa Press, el órgano judicial acepta la competencia para conocer de este recurso después de que el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 8 decidiera elevar las actuaciones el pasado mes de abril atendiendo el criterio de la Fiscalía frente a la postura de la Abogacía del Estado, que otorgaba la competencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM).

La magistrada de la Sección Primera Nieves Buisán acuerda así continuar el trámite de las actuaciones, toda vez que da cinco días a las partes para interponer un recurso de reposición en caso de no compartir la decisión.

El tribunal del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo ya se mostró de acuerdo con el criterio del Ministerio Público, para el que es la Secretaría de Estado de Energía del ministerio la encargada de desarrollar la remediación del suelo radiactivo de Palomares con el almacenamiento temporal de 6.000 metros cúbicos de residuos.

En este sentido, el magistrado Celestino Salgado señaló un artículo de la ley sobre energía nuclear incluido en el Real Decreto por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que establece que el Miteco, a través de la Secretaría de Estado de Energía y previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, podrá declarar un suelo o terreno como contaminado radiológicamente. «Siendo objeto de recurso la desestimación por silencio administrativo de una solicitud sobre materia cuya resolución compete a un Secretario de Estado, la competencia corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional», determinaba el magistrado-juez.

El órgano solicitó al Ministerio la remisión del expediente administrativo sobre la limpieza de los suelos contaminados en varias ocasiones para decidir sobre esta cuestión de competencia, llegando incluso a apercibir con una sanción a la autoridad o al funcionario responsable en caso de no hacerlo. El colectivo conservacionista tomó la iniciativa el pasado febrero, cuando se cumplían 58 años desde que cuatro bombas termonucleares cayeron accidentalmente sobre esta pedanía tras colisionar en el aire dos aeronaves de las Fuerzas Áreas de EEUU y ante la evidencia «de que todo sigue igual».

La decisión de elevar a los tribunales la situación de inacción que se prolonga en el tiempo está motivada por el silencio por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a los requerimientos de Ecologistas en Acción para que fije plazo para llevar a efecto el Plan de Rehabilitación de la zona que el Gobierno ha sostenido, desde siempre, debe ejecutar la administración estadounidense. Es la segunda vez que se recurre a la Audiencia Nacional para que obligue a fijar plazo para ejecutar la limpieza y ordene que, a la espera de encontrar un almacenamiento definitivo del material radiactivo, se depositen temporalmente los aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos obtenidos tras el tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos por el Ciemat y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La primera vez, la justicia sentenció en 2019 que el CSN «no tenía competencias» para ejecutar los pedimentos de la organización ecologista, aunque no señaló qué órgano debía hacerlo. De manera paralela, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también anunció que va a estudiar la demanda que Ecologistas en Acción elevó contra España por la «falta de solución» a la «emergencia radiológica» que se vive en Palomares desde 1958.

La Secretaría del Tribunal de Estrasburgo abrió a principios de junio expediente para estudiar la demanda, que será sometida a examen «tan pronto como sea posible» en base a los documentos e informaciones facilitadas por el colectivo conservacionista el pasado mes de febrero. El colectivo señala que los habitantes de Palomares han sido «sometidos» a «experimentos científicos sin su consentimiento« y afirma que se »ha permitido que ingirieran e inhalasen partículas radiactivas« con el »objeto de investigar« las consecuencias del »plutonio en la salud« hasta el »año 2009«, en el marco del proyecto 'Índalo' acordado entre España y EEUU, lo que califica como »trato degradante«.