Multas de hasta 3.000 euros por tender la ropa en el balcón en un pueblo de Almería

El Consistorio cuevano ha aprobado en el último plenario y por unanimidad la ordenanza reguladora de la protección del espacio urbano, seguridad y convivencia en el municipio. La norma hace hincapié en la necesidad de que todos los vecinos tienen la obligación de actuar correctamente en el uso de los bienes e instalaciones públicas.

La normativa expone una serie de normas de conducta que tienen que respetarse en el espacio público y prohíbe una serie de actitudes como pintadas, arrojar a la vía basuras o residuos, desprenderse de enseres y muebles fuera de los días establecidos, depositar residuos de podas o construcción en contenedores, así como ropas tendidas en balcones o que cuelguen de las fachadas. Además, se sancionarán otras actitudes como acampar en la vía publica, manipular árboles o plantas de en zonas verdes, incluso bañarse en una fuente pública.

Del conjunto de la normativa lo que más ha llamado la atención ha sido la prohibición de tender la ropa en balcones o fachadas, una acción que en barrios de grandes ciudades como Madrid o Barcelona está limitado. Las infracciones se calificarán de leve a muy grave, y se sancionarán con multas que pueden llegar a los 3.000 euros, «algo que no exonerará a la persona infractora o a sus representantes legales de reparar los daños y perjuicios causados».

El alcalde cuevano, Antonio Fernández, asegurado que «esta ordenanza pretende actualizar la normativa para erradicar esos comportamientos incívicos que deterioran la imagen del municipio, y que además provoca problemas de convivencia». En esta línea, el alcalde reconoce que aunque «los incívicos son pocos, enturbian la vida y la imagen de la gran mayoría de cuevanos que cuidamos nuestro pueblo».

La medida se justifica en la necesidad de «prestar atención hacia ciertas actitudes irresponsables, que se producen y suponen una auténtica degradación visual del entorno urbano». La ordenanza explica que esos comportamientos irresponsables suponen un detrimento de la calidad de vida del ciudadano y ocasiona gastos de dinero público.