El misterio de las láminas de kiosco de Goya por las que Carboneras pagó 3.250 euros y nadie sabe dónde están

Esta semana se ha sentado ante el juez como la única acusada por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Como testigos dos exalcaldes, uno socialista y otro del partido independiente Gicar, así como tres funcionarios municipales que no supieron desvelar el paradero de estas obras.

El fiscal pide para Cruz Orta penas de un año de cárcel y de ocho años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, una multa de cuatro meses a razón de diez euros diarios, y la suspensión de empleo o cargo público durante dos años. La exconcejal asegura que cuando los grabados llegaron a dependencias municipales el alcalde, entonces el socialista Cristóbal Fernández, «las vio y se quedaron en el archivo».

A las preguntas del fiscal argumentó que «la editorial le ofreció comprarlo como patrimonio cultural» por lo que decidió hacerlo como otros bienes que habían sido para patrimonio del ayuntamiento. Tras ser interpelada por su defensa, el juez Javier López Bermúdez, dijo que «se había dado cuenta al pleno de esta adquisición».

Sobre la localización de las 80 láminas no supo contestar y remarcó que «en 2011, según el inventario que se le da al secretario municipal, estaban allí perfectamente». Para Cruz Orta, que no repitió candidatura con el PSOE, el responsable de la custodia es el secretario del Ayuntamiento de Carboneras porque «es quien tiene las llaves, nosotros nunca las hemos tenido».

La Fiscalía considera que compró con dinero público los 80 facsímiles junto con una colección de monedas de oro que se encontraba en una caja fuerte. «Un gasto innecesario y superfluo para adquirir un bien sin finalidad ni utilidad pública», recriminaron.

La investigación la inició en 2011 el exalcalde Salvador Hernández (Gicar) cuando llegó al Consistorio. Denunció la supuesta desaparición de las estampas que llegaron en su caja original, con un estuche de terciopelo, un número de serie en el dorso y un certificado de autenticidad. La ausencia de las láminas se detectó en la optimización de pagos en el área de Hacienda a través de la eliminación de domiciliaciones bancarias.

El fiscal señala que a pesar de que las láminas fueron recepcionadas en el Ayuntamiento de Carboneras por la acusada, «jamás fueron expuestas al público ni utilizadas, ni visionadas por ninguna persona, amén de la procesada». Así, sostiene que han estado «desaparecidas desde fecha indeterminada, sin que estén localizadas en ninguna dependencia municipal».

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, no estuvo presente ningún abogado del consistorio. Desde el ayuntamiento carbonero presidido por el socialista José Luis Amérigo precisaron que «no consta ningún tipo de resolución de ningún órgano unipersonal o colegiado acordando la interposición de la denuncia».