El Caso Mascarillas de Almería: Del narcotráfico a la corrupción política

La UCO agarró ese hilo. Es como se fijó en los tratos de Óscar Líria, entonces vicepresidente tercero del ente provincial, con este empresario investigado por narcotráfico. Según las pesquisas llevadas a cabo, el político almeriense presuntamente facilitó a cambio de una comisión la adjudicación de ese contrato de material sanitario en 2020.

Un año después del acuerdo Líria fue detenido. Sin embargo, la investigación no se quedó ahí. Al margen de las causas pendientes de este empresario, la UCO tomó la línea que conducían a una presunta corrupción política en esta provincia andaluza.

El Juzgado de Instrucción 1 de Almería durante cuatro años ha estado trabajado con la UCO en el Caso Mascarillas. Se llama así porque la primera línea de investigación fue por pago de 'mordidas' a políticos a cambio de adjudicar a unas empresas señaladas la compra de material sanitario.

Las pruebas recabadas se abrieron nuevas líneas de investigación, que apuntaron a las obras públicas. La nueva operación desarrollada este martes llevó al registro de diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades, que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.

Según el auto que ha autorizado los registros y ha facultado a la UCO a llevar a cabo las detenciones que considere necesarias, «en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales».

La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de obrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros».

Algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines. Según estas fuentes, algunos de los implicados no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí «en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales».

El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada.

Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.

Por eso se han ordenado siete detenciones. En la causa ya estaba siendo investigado el entonces vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria. Ahora se suman tres políticos más. Por un lado, el ya expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Por otro, el que fuera su vicepresidente Fernando Giménez, sí como el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Los otros cuatro son técnicos de la Diputación y personas que colaboraron con la supuesta trama en el presunto blanqueo de capitales.