Un mando de la Policía Local de Almería, procesado por prostitución y corrupción de menores

Este agente también fue juzgado en enero por un supuesto maltrato y coacciones hacia su pareja. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha indicado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la «cantidad ingente de documentación» que la juez instructora les ha remitido.

El Consistorio solicitó información sobre la causa cuando tuvo conocimiento hace unos días del procesamiento del cargo judicial. «Nos personamos como parte interesada en el juzgado para pedir toda la documentación y el servicio de personal está estudiando toda la documentación en base ley orgánica 4/2010 por la que se rige reglamento disciplinario de la Policía Local», ha explicado la regidora.

Una vez estudiados los documentos, el Ayuntamiento determinará qué tipo de acciones toma en relación al agente. Además, hay otro segundo policía local del cuerpo de la Jefatura de Policía de Adra en el procedimiento que ha sido suspendido de empleo y sueldo de forma provisional.

Según las investigaciones realizadas en la Operacion Terciaria con respecto a los abusos de menores, el mando de Policía Local de Almería habría contactado vía Skype con la supuesta proxeneta, y hermana de una de las víctimas. Presuntamente se hizo pasar por agente de la Guardia Civil para obtener servicios sexuales con dos de las menores, de 13 y 17 años.

Una parte de los hechos investigados sucedieron durante el periodo más estricto del confinamiento en la pandemia. Una de las menores fue identificada en el interior de un coche cerca de un merendero con un supuesto cliente.

La Guardia Civil les sancionó por saltarse el confinamiento. La investigación apunta que en su condición de agente, el policía local de Almeria se habría puesto en contacto con la Benemérita para interesarse por la denuncia por incumplir las medidas de aislamiento impuestas por el covid-19.

Conforme a los hechos investigados, se ha procesado a un total de nueve presuntos clientes ante los delitos de prostitución, explotación y corrupción de menores, así como de abusos sexuales a menores. La juez instructora mantiene la situación personal de libertad provisional de los procesados, con obligación de comparecer ante el tribunal y mantener el alejamiento con las víctimas.