La madre de las niñas asesinadas en Almería pidió quitar los controles al padre

El domingo, preocupada, fue a la barraca de un cortijo de Alboloduy donde vivía el progenitor. Al entrar encontró a la niñas muertas y a su exmarido agonizando. Llamó a Emergencias 112, pero ya era tarde. Lo que encontró la Guardia Civil y los servicios sanitarios del 061 fueron tres cadáveres. Había matado a las dos niñas, presuntamente, envenenándolas y después se había suicidado de la misma manera.

Ahí afloró el largo historial del asesino en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Almería instruyó una denuncia por malos tratos y amenazas de Alina. El juicio estaba ya señalado para el día 10 de abril en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería. El asesino de las niñas tenía una orden de alejamiento respecto de su pareja de 500 metros, además de haberse ordenado la colocación de una pulsera de seguridad para evitar el contacto con su pareja por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Estaba catalogado como un caso de «riesgo extremo».

Sin embargo, en varias ocasiones, la mujer se negó a denunciar a su pareja y solicitó el levantamiento de las medidas cautelares. Para ese entonces, en marzo de 2022, la mujer y sus dos hijas habían ingresado en el centro de emergencias para víctimas de violencia de género de Almería del Instituto Andaluz de la Mujer. Fue después de recibir una paliza estando embarazada. En junio fueron trasladadas a la casa de acogida de Granada, donde recibieron atención psicológica, jurídica y social.

Fuentes de la Consejería de Igualdad explican a ABC que, en marzo de 2023, la mujer solicitó de forma voluntaria su salida de los recursos de acogida del Instituto Andaluz de la Mujer. Esta decisión no era compartida por el personal técnico que la atendía, ya que la mujer y sus dos hijas llegaron en una situación de «extrema vulnerabilidad».

La mujer alegó que quería regresar a Rumania y, para ello, necesitaba que el padre consintiese que las niñas salieran de España. Alina no tenía la patria potestad de las pequeñas, que es la que otorga al progenitor al responsabilidad sobre todos los derechos y los deberes de los menores. Podía tener la custodia, que el es cuidado de las niñas, pero no era la responsables absoluta. Por eso necesitaba el permiso del padre para sacarlas de España e irse a Rumania y se marchó de Granada.

Recaló en Abla para trabajar de camarera mientras las causas judiciales continuaban. Fuentes del TSJA confirman a ABC que el juzgado continuó con la causa a petición de la Fiscalía, pero sin Alina. A raíz de la denuncia penal, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Almería instó un proceso civil sobre la guardia y custodia de los menores, el régimen de visitas y la cuantía de la pensión que debía abonar a la madre para el sustento de las hijas.

El régimen de visitas fue acordado en sentencia de marzo de 2023. El padre podía estar con sus hijas los sábados y domingos de cada semana entre las 12.00 horas y las 18.00 horas. Para ello, la madre debía trasladar a las menores al Punto de Encuentro Familiar, donde eran recogidos por su progenitor. Sin embargo, la madre solicitó en varias ocasiones que la entrega se realizara sin la intervención del Punto de Encuentro.

Otra marcha atrás en las medidas contra el maltratador, que protegían tanto a la madre como a las hijas. La última de las peticiones en este sentido se realizó el pasado 4 de octubre. Desde el Punto de Encuentro se informó sobre que las partes ya no estaban acudiendo a este mecanismo para realizar la entrega de las menores.

Tanto por petición de los responsables del Punto de Encuentro y con el visto bueno de la Fiscalía y las reiteradas peticiones de la madre de las menores, el Juzgado acordó en un auto de fecha 9 de noviembre de 2023 que ya no interviniera el Punto de Encuentro en las entregas acordadas en sentencia, que seguían siendo los sábados y domingos de 12.00 a 18.00 horas. Y así, el padre se las llevó este pasado fin de semana para matarlas.