El lío de los móviles de Ana Julia Quezada en la cárcel para hacer un documental sobre el asesinato de Gabriel

Durante un año ha estado aguantando estoicamente la madre del Gabriel, Patricia Ramírez, callando esta información que denunció ante la Guardia Civil en mayo de 2024 y que ha dado lugar a una investigación. Para conseguir los teléfonos móviles Quezada habría ofrecido favores sexuales a trabajadores de la cárcel.

De forma paralela la asesina de Gabriel habría grabado los supuestos encuentros sexuales para, además de tener material para el 'true crime' sobre el crimen de Gabriel, poder chantajear a la dirección de la prisión abulense y lograr su traslado a la cárcel de mujeres de Barcelona. «La interna manifiesta tener un móvil con una serie de grabaciones, entre ellas, imágenes de vídeo en las que aparece el funcionario en su celda», recoge el informe hecho público de la directora de la prisión.

Por el momento, se ha investigado a dos hombres, un funcionario de prisiones y otro cocinero que han sido cesados en su puesto. Según las informaciones a las que ha tenido acceso Paricia, uno de esos móviles habría acabado en casa del mismo funcionario que se lo habría proporcionado, aunque no le habría impedido a Quezada el acceso a otros terminales mediante 'vis-a-vis' o contactos con otras reclusas.

Ramírez sostiene además que Ana Julia Quezada habría estado comunicada por teléfono durante más de tres años para asegurarse las grabaciones. Para ella, como ha dicho durante una comparecencia ante la prensa este miércoles en Almería, ha sido un 'duro golpe' que el juzgado denegara su personación como perjudicada en la causa. «He estado aguantando, sabiendo todas estas informaciones, sufriendo, conteniéndome, no diciendo, callando», al tiempo que trataba de poner en conocimiento de las autoridades los datos que recababa.

«Como acusación popular yo no aparezco como perjudicada», ha explicado la madre del menor, quien ha aclarado que con su representante legal han solicitado esta otra vía para poder estar presentes en el caso a pesar de que, según entienden, la posibilidad de que se introdujeran hasta cuatro teléfonos móviles en la prisión.

Quezada está condenada, además de por el asesinato del menor, por un delito de lesiones psíquicas y otro contra la integridad moral, sentido en el que Ramírez ha incidido en su rol de 'perjudicada al amparo del estatuto de la víctima al entender que sus movimientos, enfocados a la creación del supuesto serial, también la perjudican. «Puedo estar perjudicada por todos esos tratos de favor y lo que pueda estar haciendo con todo esto», ha dicho a la hora de describir sus intentos de contactar con el instructor, así como con la Fiscalía de Ávila, tanto de forma directa como a través de la oficina de asistencia a las víctimas, con infructuosos resultados.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, confirmó este martes que dos trabajadores de la prisión de Brieva han sido investigados por la Guardia Civil por «un presunto delito de cohecho por dar un trato de favor a una interna a cambio de recibir favores sexuales». Estos dos empleados han dejado de trabajar en el centro penitenciario una vez que ha concluido la fase de investigación y la toma de declaraciones a los implicados y a los testigos, la Guardia Civil ya ha remitido las diligencias al Juzgado de Ávila, según indicó.