La Junta de Andalucía acusa a Carboneras de dilatar el cumplimiento de la sentencia sobre El Algarrobico

Como ejemplo, menciona el pleno celebrado el 31 de julio en el que se aprobó la modificación del planeamiento urbanístico con los votos favorables del alcalde, Salvador Hernández (CS), concejales del PP y un edil del PSOE. En un escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, la representación legal de la Junta ha trasladado un oficio de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, fechado el 30 de julio, un día antes de ese pleno, en el que ya se advertía de estas maniobras dilatorias.

Según el Ejecutivo andaluz, el Ayuntamiento de Carboneras no está obligado a tramitar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar cumplimiento a la sentencia, sino únicamente a incorporar en el planeamiento vigente la clasificación de los sectores ST-1 (El Algarrobico) y ST-2 (El Canillar) como no urbanizables. Así lo estableció el TSJA en un auto dictado el 1 de marzo de 2024, en el que dejó claro que «no es necesario aprobar definitivamente una modificación» del PGOU para ejecutar el fallo.

La Junta recuerda que el tribunal ya ordenó el pasado 27 de mayo que se procediera al depósito y publicación de la normativa urbanística corregida en el plazo de un mes, un trámite que el Ayuntamiento carbonero aún no ha cumplido. El informe remitido por el Gobierno autonómico incide en la inobservancia de las resoluciones judiciales por parte del Consistorio y en su posible dilación para evitar que se ejecute la sentencia en tiempo y forma.

Además, el TSJA ha otorgado un plazo de diez días a la Junta de Andalucía, a la empresa Azata del Sol y a las organizaciones ecologistas para presentar alegaciones a la modificación del PGOU aprobada por el pleno municipal y remitida recientemente al tribunal. En paralelo, en una nueva providencia dictada este lunes, el Alto Tribunal andaluz ha dado cinco días al alcalde Salvador Hernández para que explique por qué no ha publicado todavía la normativa urbanística corregida, a pesar de que en marzo se le concedió un mes para hacerlo.

La magistrada ponente, María del Mar Jiménez Morera, reconoce que se ha superado con creces el plazo y ordena que se notifique personalmente al regidor esta advertencia, bajo amenaza de imponerle «una multa coercitiva y su reiteración hasta el exacto y pleno cumplimiento de lo ordenado». El tribunal añade que, si persiste el incumplimiento, podrá dar traslado de los hechos al Ministerio Fiscal «por si fuesen constitutivos de delito», lo que eleva la presión sobre el alcalde y el Ayuntamiento en el prolongado conflicto judicial por la protección definitiva del paraje de El Algarrobico.