SUCESOS
Un juez de Roquetas de Mar ordena el ingreso en prisión de una mujer reincidente en maltratar perros
Los animales se encontraban en un piso sin ningún tipo de control y cuidado, cuando los entregaba a sus nuevos dueños fallecían al poco tiempo
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El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Roquetas de Mar ha ordenado el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, de una mujer investigada por delitos continuados de maltrato animal, estafa y falsedad documental. La acusada ya había sido detenida en enero de este año, momento en el que se le impuso como medida cautelar la prohibición de realizar cualquier actividad relacionada con la tenencia, cría o comercio de animales.
A pesar de ello, la mujer continuó con su actividad incumpliendo esa orden, lo que motivó su nueva detención este lunes 16 de junio. El juez ha adoptado esta decisión tras constatar que, pese a la prohibición judicial y a la causa abierta, la mujer seguía implicada en el comercio ilegal de animales de compañía, concretamente se trataba de perros.
Para ello se amparaba en la supuesta cobertura de asociaciones protectoras de animales, muchas de ellas publicitadas en redes sociales, aunque tomaba algunas medidas para no ser identificada, como utilizar un nombre distinto. En el auto de prisión, el magistrado señala que la conducta mantenida por la investigada desde el inicio del procedimiento pone de manifiesto «una absoluta impudicia y un descaro» ante las normas y los mandatos judiciales.
El escrito añade que su actitud revela un profundo desprecio por las reglas de convivencia y que no resulta suficiente con medidas cuya eficacia dependa, aunque sea en parte, de su colaboración voluntaria. Por ello, concluye, «solo la aplicación de medidas más coercitivas puede poner fin a estas actuaciones». El juez también destaca que la mujer ha estafado a numerosas personas que confiaron en ella, creyendo que su labor respondía a un compromiso genuino con la protección animal.
Muchos de ellos entregaron donativos para gastos veterinarios o viajaron largas distancias para adoptar animales que, en muchos casos, estaban en malas condiciones de salud. A lo largo del proceso judicial ha quedado probado que, pese a presentarse como defensora de los animales, la única motivación de la investigada era económica.
Los animales se encontraban hacinados en un piso sin control sanitario, en condiciones de higiene deplorables y afectados por enfermedades como el 'parvovirus', que se agravaban en ese entorno, según señalaron los veterinarios. En al menos nueve casos, los animales fallecieron poco después de ser entregados a sus adoptantes. Finalmente, el juez justifica la prisión preventiva en la total indiferencia de la acusada ante las medidas judiciales impuestas.
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