El galimatías judicial del hotel El Algarrobico llega hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

En febrero de 2024, Greenpeace pidió amparo a Estrasburgo tras la última sentencia del Tribunal Supremo, que otorga competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, donde se encuentra el macrohotel. «Es una importante noticia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya admitido nuestra denuncia. Esperamos que, de una vez por todas, se ponga fin a esta historia repleta de sentencias incumplidas y retrasos injustificables por parte de las administraciones», explica José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace.

Greenpeace solicitó amparo al TEDH tras la sentencia del Tribunal Supremo que, en diciembre de 2022, dictaminó que el hotel almeriense no podía ser demolido, por tener licencia de obras. El alto tribunal dictaminó que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

El tribunal internacional ha concluido que debe investigarse la legalidad de esta decisión. Es un principio fundamental, en todo Estado de Derecho, que las sentencias firmes que anulan una disposición de carácter general, como es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras, tienen efecto desde el día en que se publica el fallo.

«Pero en este caso, el Supremo, incomprensiblemente, otorgó las competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, un hecho muy grave e inédito que podría suponer una violación del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos, ya que priva a la ciudadanía del derecho a tener un juez independiente y una tutela judicial efectiva», señala Greenpeace.

El TEDH también investigará si debe revocarse el nombramiento, como ponente de la magistrada del Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía (TSJA), de María del Mar Jiménez Morera. Greenpeace considera que no puede ser imparcial ya que, junto a Jorge Muñoz Cortés, dictaron sentencia declarando urbanizable el hotel de El Algarrobicoen 2014, dando la razón a la promotora del hotel, Azata Patrimonio S.L.

La organización ecologista puntualiza que Muñoz Cortés ha estado prestando sus servicios para el Ayuntamiento de Carboneras desde el despacho Martínez-Echeverría. La magistrada Jiménez Morera, su antigua compañera de Sala en el TSJA, es quien resuelve los escritos sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico.

El hotel ilegal comenzó a construirse en 2003, tras conseguir una licencia de obras, a pesar de estar en zona protegida tanto por las normas del parque natural como por la Ley de Costas. Las primeras actuaciones judiciales contra el edificio, de 411 habitaciones, comenzaron en 2005, cuando Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar denunciaron estas irregularidades.

A comienzos de 2006 se logró la paralización cautelar de las obras y, desde entonces, el periplo judicial ha sido interminable. La admisión de la denuncia de Greenpeace ante el TEDH supone el fin del recorrido por todas las instancias judiciales posibles. «Por primera vez en la historia de Greenpeace España, y tras casi 20 años luchando contra el símbolo del maltrato al litoral español, el Tribunal de Estrasburgo va a investigar nuestra denuncia. Son casi dos décadas batallando de tribunal en tribunal y esta decisión manda un mensaje claro y contundente a quienes siguen perpetrando ilegalidades para que no desaparezca la ruina del Algarrobico», concluye María José Caballero, portavoz de Greenpeace.