El expediente para expropiar El Algarrobico avanza, pero sin plazos claros

El expediente administrativo abierto tras la declaración de utilidad pública de 16.423 metros cuadrados por parte del Consejo de Ministros, el pasado 11 de febrero, ya acumula más de una veintena de documentos. La finca completa suma 32.654 metros cuadrados, pero el procedimiento de expropiación, basado en la Ley de Costas, solo afecta a la mitad del terreno, ya que únicamente esa parte invade el dominio público marítimo-terrestre. En consecuencia, el Gobierno solo podría actuar sobre el 50% de la construcción.

Durante los últimos meses se han sucedido distintas actuaciones que, por el momento, no permiten vislumbrar una fecha concreta, ni a corto ni a medio plazo, para la expropiación parcial de los terrenos del hotel. De hecho, en abril el Ejecutivo no consiguió notificar a la promotora el anuncio de la expropiación forzosa. Así se recoge en la documentación publicada dentro del trámite de información pública del proceso.

En mayo, a solicitud de Azata, se amplió en ocho días hábiles el plazo de alegaciones para permitir a la promotora examinar el expediente y presentar sus observaciones. Recientemente, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, resolvió aprobar de forma definitiva la expropiación de los 16.432 metros cuadrados de suelo no urbanizable donde se ubica la parte del edificio que invade el dominio público. En esa misma resolución, instó a Azata como única parte interesada, a presentar una propuesta de valoración para alcanzar, en su caso, un acuerdo económico que facilite la adquisición por mutuo acuerdo del inmueble.

La resolución, recurrible en alzada, se limita a una expropiación parcial del suelo ocupado por el hotel. La otra mitad de la finca se extiende sobre el espacio natural protegido, cuya gestión corresponde a la Junta de Andalucía. El Ejecutivo andaluz ha descartado la vía expropiatoria como fórmula para facilitar la demolición, y ha reiterado que la solución pasa por anular la licencia municipal. Por ello, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que establezca un plazo final y perentorio para ejecutar la sentencia que ordena revisar dicho permiso urbanístico.

Por su parte, Azata del Sol presentó alegaciones el pasado 12 de mayo con el objetivo de invalidar el procedimiento, alegando, entre otras razones, que los terrenos a expropiar no estaban correctamente delimitados y que la documentación no recogía toda la información relevante sobre el inmueble. La promotora también aportó un informe pericial que, según sostiene, evidenciaría una descripción inexacta de los terrenos afectados.

Asimismo, la empresa cuestionó las garantías legales del proceso y denunció una supuesta falta de justificación para llevar a cabo la expropiación. En respuesta, la Abogacía del Estado emitió un nuevo informe preceptivo basado en un análisis técnico elaborado por la Dirección General de la Costa y del Mar, con el fin de acreditar la necesidad de ocupación de los terrenos e impulsar la validez del procedimiento.