La eléctrica amenaza al Ayuntamiento de Garrucha con cortar la luz por impago del anterior gobierno del PSOE

La sorpresa ha sido mayúscula en el equipo de gobierno que está bajo el mando del alcalde popular Pedro Zamora. El pasado 13 de junio, la compañía Energía XXI SLU envió una carta al Consistorio del Poniente almeriense en la que le avisaba de que «solicitará la suspensión de los suministros de energía eléctrica de los contratos no afectos a servicios esenciales» a partir del próximo 11 de octubre si no se saldaba la deuda pendiente. En la misiva, a la que ha accedido ABC, la comercializadora informa de que el Ayuntamiento tiene pendiente de abono facturas que suman 7.962,11 euros por la prestación del servicio eléctrico.

Dicha amenaza no se ejecutaría en el caso de que se hiciera efectivo el desembolso «en cualquier momento» y se insta a la Corporación al «pago inmediato» de las cantidades para no incurrir en la aplicación de más intereses.

Según ha informado el teniente de alcalde delegado de Obras y Servicios, Control de personal y portavoz del Ayuntamiento, Álvaro Ramos, en la primera junta de gobierno «nos encontramos» con que Energía XXL cortará la luz por impago de facturas con la advertencia de que se cobrará el 1,5 pro ciento de interés legal.

Esta deuda no es la única trampa que habría dejado el equipo de López Cervantes. Bajo su etapa, la regidora abonó 650.000 euros en facturas impagadas a proveedores y gastos de personal realizados en años anteriores sin cobertura presupuestaria, recurriendo para ello a 4.050.000 euros que le había abonado la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua como contraprestación por la gestión del servicio durante 25 años, según denunció ante el anterior portavoz del partido 'Garrucha para la Gente', Álvaro Ramos, durante la campaña electoral.

Parte del dinero aportado por la UTE contratada (FCC Aqualia SA y Talleres y Grúas Gonzáles SLU) para explotar el suministro de agua a la población también se habría empleado en financiar gastos de personal por importe de 2.560.605 euros, casi la misma partida (3 millones) que esta localidad de 10.027 habitantes dedica a pagar nóminas y contratos durante todo un año.

En la denunc9a interpuesta contra la regidora y el interventor municipal que presentó el pasado 23 de mayo ante el Juzgado de Instrucción de Vera, Ramos acusó al anterior gobierno de «ocultar» el destino de los fondos públicos. El Consistorio lleva desde 2018 con los presupuestos prorrogados a pesar de que el PSOE estaba gobernando con mayoría absoluta.