Detienen al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares en el caso mascarillas

El caso se encuentra bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción 1 de Almería. No tiene nada que ver con el caso Koldo, ni con las causas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo sobre las tramas de corrupción del PSOE.

El juzgado que instruye el caso 'Mascarillas' de Almería, por el que tanto Giménez como Sánchez ya estaban investigados, trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial.

Durante la mañana de este martes, la UCO ha llevado a cabo un registro en la sede de la administración provincial. Según explican fuentes consultadas a ABC, los agentes estaban requiriendo información y contratos. El caso empezó por posibles irregularidades en la compra de material sanitario.

Sin embargo, como explican las fuentes, dentro de este caso se abrieron algunas líneas de investigación. Ahí los agentes comenzaron a indagar también sobre posibles irregularidades en otros contratos públicos. En estos registros de este martes se están requiriendo información sobre contratos de obras públicas. Al presidente se le comunicó su detención cuando llegaba a primera hora a la Diputación, mientras que a los otros dos políticos se les arrestó en su propio domicilio.

El caso mascarillas en Almería estalló con la detención del vicepresidente tercero de la Diputación de Almería por adjudicar presuntamente un contrato millonario de mascarillas, de unos dos millones de euros, a cambio de una suculenta comisión. El beneficiario, también arrestado, era un empresario relacionado con el tráfico de drogas asentado en Barcelona.

El procedimiento judicial abierto por esa compra de mascarillas ya tenía como investigados a Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez. Este mes el PSOE, que ejerce la acusación popular, solicitó que se tomara declaración como testigo al propio Javier Aureliano García.

Antes de que eso se produjera, la UCO de la Guardia Civil al amparo del Juzgado que lleva el caso lo ha detenido durante el registro de este martes en la Diputación Provincial. El PSOE señaló que debía declarar en su calidad de máximo responsable de la institución y como firmante del contrato en 2020 que originó la causa y que estaba valorado en 2,03 millones de euros.

Fuentes judiciales apuntan que el Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha ampliado las investigaciones iniciadas en 2021 por la presunta compra fraudulenta de material sanitario con una segunda fase de la operación. Ésta abarcaría a varios contratos públicos relacionados con la Diputación de Almería. Esta nueva fase ha derivado en la detención de siete personas.

La nueva operación se ha desarrollado esta mañana con el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de diez inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes mercantiles de sociedades que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.

Según el auto que ha autorizado los registros y ha facultado a la UCO a llevar a cabo las detenciones que considere necesarias, «en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales».

La investigación llevada a cabo muestra indicios de que los investigados «hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber si destinatarios, entre otros».

Algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines. Según estas fuentes, algunos de los implicados ahora detenidos no habrían tenido participación en la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos, pero sí «en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales».

El Juzgado de Instrucción también ha autorizado a los miembros de la UCO para llevar a cabo el volcado, visionado y copiado de comunicaciones privadas relacionadas con los hechos investigados, ha requerido documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada.

Asimismo, ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.

En la causa ya estaba siendo investigado, entre otros, el entonces vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, por la firma de un contrato de suministro de mascarillas en abril de 2020 por importe superior a los dos millones de euros. Los siete detenidos en la operación serán puestos previsiblemente a disposición judicial el próximo jueves.