Denuncian a la alcaldesa socialista de Garrucha por la «desaparición» de 4 millones del canon de agua

El Consistorio habría recurrido a los 4.050.000 euros que le había abonado la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en mayo de 2022, como contraprestación por la gestión del servicio durante 25 años, para saldar 650.000 euros en facturas impagadas a proveedores y gastos de personal realizados en años anteriores sin cobertura presupuestaria, sospecha el portavoz del partido ‘Garrucha para la Gente’, Álvaro Ramos.

Parte del dinero de la UTE contratada (FCC Aqualia SA y Talleres y Grúas Gonzáles SLU) para explotar el suministro de agua a la población también se habría empleado en financiar gastos de personal por importe de 2.560.605 euros, casi la misma partida (3 millones de euros) que esta localidad de 10.027 habitantes dedica a pagar nóminas y contratos durante todo un año. Aun así, cuatro millones son demasiados como para evaporarse en sólo siete meses antes «cuando deberían haberse empleado en cambiar tuberías de uralita y canalizaciones de agua que estaban en ruina», según un informe municipal que analizó las instalaciones hidráulicas.

De todo ello da cuenta, con todo lujo de detalles, el edil Álvaro Ramos en una denuncia contra la regidora socialista y el interventor municipal que presentó el pasado 23 de mayo ante el Juzgado de Instrucción de Vera, escrito al que ha accedido ABC. El concejal solicita que investigue los hechos, escamado ante el interés que se ha tomado el Consistorio en «ocultar» el destino de los fondos públicos, empleados «de manera irregular» en contratos de personal, advierte.

Desde el 29 de noviembre de 2022 hasta el 17 de marzo pasado, Álvaro Ramos ha cursado hasta 21 peticiones a través del registro del Ayuntamiento de Garrucha para seguir la pista del dinero público. Sin éxito hasta ahora.

En su escrito dirigido al Juzgado, también apunta a un presunto delito de malversación o desvío de capitales, «al desconocerse el destinatario de los pagos que se dicen han realizado», y otro de prevaricación «al omitir cualquier notificación o información de los solicitado por el concejal denunciante, sin perjuicio de que durante la instrucción se pruebe la existencia de otros delitos necesarios para llevar a cabo el desvío de tan importantísima cantidad de dinero».

Dicha operación (suplemento de crédito) contaba con el informe favorable del interventor de la Corporación. Aun así, lejos de conformarse, este portavoz de la oposición tomó la palabra en el pleno para dejar constancia de los «2.560.605 euros que quieren blanquear ilegalmente en este pleno… O presenta las facturas de gasto, los contratos de personal, las nóminas que certifican ese gasto extra de personal, además de justificar desde qué partidas presupuestarias han cogido el dinero… Le aconsejamos -conminó a la alcaldesa- que paren este pleno ahora mismo o mañana estaremos en los tribunales. Ustedes pueden estar metiendo gasto corriente en gastos de personal». El mismo concejal ha denunciado la supuesta contratación trabajadores de manera irregular.

Dichas manifestaciones, grabadas en vídeo, no se recogieron en el acta del Pleno, según expone en su denuncia, que llega después de estrellarse una y otra vez contra un muro de silencio ante las reiteradas peticiones de información que ha cursado este concejal. De este modo esperaba conocer con exactitud dónde han ido a parar los 4 obtenidos a través del ingreso anticipado en concepto de canon por el agua, servicio que hasta mayo de 2022 había prestado Galasa, la empresa pública provincial.

Éste fue punto de partida de una larga carrera de obstáculos que, de momento, se ha saldado con la referida denuncia penal en el Juzgado contra la alcaldesa, que se presenta a la reelección este domingo 28 de mayo en un Consistorio que lleva desde 2018 con las cuentas prorrogadas pese a que el PSOE tiene mayoría absoluta.

La regidora, a su vez, presentó el 22 de marzo una demanda de juicio ordinario contra el edil por supuesta vulneración derecho al honor y a la imagen debido a los vídeos que su oponente político ha ido publicando en las redes sociales en los que ha difundido su sospecha de que los 4 millones de la concesionaria «han desaparecido», ante la reticencia del gobierno local a facilitarle el arqueo de la caja y las nóminas del personal supuestamente contratado.

En el informe municipal que avalaba la operación, apreció de entrada gastos que no cuadraban. Se habían abonado retribuciones del personal de limpieza municipal que «triplican el crédito inicial» y que no tenían concordancia con los pagos a la Seguridad Social por dichos contratos.

Cansado de las evasivas para acceder al arqueo de caja y a las nóminas, el 27 de febrero el edil de 'Garrucha para la Gente' se presentó en el Ayuntamiento con un notario para consultar los expedientes de gasto de personal. La alcaldesa vuelve a denegarle el acceso alegando que estaba a la espera de recibir la respuesta del delegado de Protección de Datos, informe que no se solicitó hasta diez días después del acta notarial. Entre medias, desde el Consistorio presentaron un documento a los empleados públicos y les dijeron «si firmas este papel no le damos tu nómina».

«Nos encontramos con un hecho absolutamente nulo de pleno derecho, pues los gastos que se han querido legalizar se llevan a cabo con dos extemporáneos expedientes de modificación de crédito, gastos que se han pretendido legalizar y que arrastraban vicio de nulidad al haberse gastado, y más grave todavía haberse pagado sin contar concreto presupuestario en los respectivos presupuestos de 2021 y 2022», explica el concejal en su denuncia.

Desde el equipo de gobierno, a preguntas de ABC, declinan valorar las acusaciones y cargan contra el denunciante. «Lo único que intenta es conseguir un mínimo espacio en cualquier medio de comunicación que le pueda hacer un mínimo caso, después de haber agotado cualquier atisbo de credibilidad» en la prensa local, argumentan. Será el Juzgado el que tenga la última palabra en este pleito.